Guatemala no recibió colaboración cuando buscó evidencias en Panamá para enjuiciar al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo, acusado de delitos de corrupción, de acuerdo con declaraciones de la ex fiscal Karen Fisher, que investigó el escándalo, publicadas hoy por la prensa panameña.
Fisher señaló en una entrevista al diario El Panamá América que en el año 2003 fue a Panamá a buscar más evidencias para procesar a Portillo, pero las autoridades de este país, entonces gobernador por Mireya Moscoso, se rehusaron a colaborar.
Según Fisher, "no hubo colaboración ni de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ni de la Fiscalía Anticorrupción".
"Es obvio que había una estrecha amistad entre los ex presidentes Alfonso Portillo y Mireya Moscoso, quien no agilizó los trámites", sostuvo.
La ex fiscal no vaciló en aclarar que Portillo no está en la cárcel, entre otros motivos, gracias a Moscoso, a quien acusó de no colaborar con las investigaciones por el evidente contubernio que existía entre ambos, según El Panamá América.
Fisher recordó que, durante su diligencia, la entonces fiscal panameña anticorrupción, Cecilia López, la llevó a visitar el Canal de Panamá, lo cual, afirmó, le pareció "ridículo".
"Yo venía a buscar más pruebas y ella me insistió en que tenía que conocer esa obra", afirmó.
Además, se refirió al "trauma" que le causó enterarse de que en sus visitas a Panamá, Portillo frecuentaba junto con Mireya Moscoso un conocido restaurante italiano "donde degustaban los mejores vinos".
"Me ocasionó un trauma saber cómo funcionarios de Guatemala se habían apropiado ilícitamente de bienes públicos y compraban botellas de vinos de hasta 250 dólares", expresó Fisher.
Portillo, quien gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, es acusado por la fiscalía guatemalteca de los delitos de peculado, abuso de autoridad y la sustracción de unos 15,5 millones de dólares durante su gobierno.
Tras ser deportado el 7 de octubre pasado por las autoridades de México, adonde había huido en enero de 2004 acorralado por las múltiples denuncias de corrupción durante su mandato, Portillo obtuvo la libertad condicional a cambio del pago de una fianza de un millón de quetzales (unos 130.00 dólares).
Según la resolución judicial, Portillo no podrá salir de Guatemala mientras la Fiscalía no concluya la investigación en su contra, que llevará al menos seis meses, y tiene que presentarse en los tribunales.
