El Ministerio Público (MP) panameño anunció hoy que solicitará la asistencia judicial de Uruguay para lograr la declaración de Joanna Ivette León, esposa del colombiano David Murcia Guzmán, detenido en Panamá y preso en su país por estafa y lavado de dinero del narcotráfico.
El fiscal especializado en delitos financieros del MP de Panamá, William Parodi, declaró a la prensa que contrario a Colombia, que desistió de pedir la extradición de León, su oficina continuará con la petición porque requieren la declaración de la acusada.
El testimonio de León es requerida dentro del expediente que se sigue a Murcia Guzmán por captación ilegal de dinero.
Añadió que para esto la Fiscalía décimo cuarta, que él dirige, solicitará asistencia judicial a Uruguay "para poder recibir la declaración de la señora Joanna León".
Parodi, por otra parte, señaló que tramitará otra asistencia judicial a Colombia para interrogar a otras dos personas mencionadas en este caso en el vecino país y en Panamá, pero no las identificó.
El fiscal antidrogas panameño, José Abel Almengor, también presentó ya una petición similar a Colombia para indagar a Murcia Guzmán en el proceso que le sigue en Panamá por el supuesto blanqueo de capitales del narcotráfico.
DMG fue intervenido por las autoridades colombianas el pasado 17 de noviembre, luego de que se decretara el estado de emergencia social para enfrentar la crisis causada por la quiebra de las "pirámides" financieras, entidades que captaban dinero de forma fraudulenta ofreciendo intereses desmesurados.
El 19 de noviembre Murcia Guzmán fue detenido en Panamá y deportado de inmediato a Colombia, acusado de blanquear dinero ilegal, sin enfrentarse a la justicia panameña ni ser sometido a un proceso ortodoxo de extradición.
El empresario colombiano afirmó que entregó dinero a dos candidatos oficialistas en la campaña para las elecciones generales de mayo en Panamá, quienes han negado alguna vinculación.
El Gobierno de Panamá reconoció hoy, por su parte, que Murcia Guzmán recibió la protección de tres miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI, guardia presidencial) antes de ser deportado a su país, uno de los cuales ya fue destituido.
