Panamá se encuentra por debajo de los estándares en materia de justicia penal de adolescencia establecidos en diversos convenios internacionales, reveló hoy un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de este país y la UNICEF.
El informe, basado en el estudio titulado Monitoreo de Violencia en Centros de Custodia y de Cumplimiento, fue presentado por el defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, y el representante de del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en este país, Mark Conolly.
El mismo tuvo por objeto conocer las condiciones de violencia que se cometen contra los adolescentes privados de libertad, y está enfocado en dos aspectos principales: el derecho a la educación y el derecho de petición.
El seguimiento se efectuó en nueve centros de custodia y de cumplimiento en todo el país, donde se constató que 113 adolescentes están con medida cautelar en un régimen cerrado y otros 127 cumplen su condena privativa de libertad.
Según el documento, la situación de los adolescentes privados de libertad en Panamá no es óptima, pero "existen obstáculos y retos identificados que pueden encontrar solución".
En materia educativa, un número considerable de los adolescentes posee estudios básicos completos, "pero los docentes asignados a los centros son maestros de primaria, lo que denota una falta de concordancia entre las respuestas del Ministerio de Educación y las verdaderas necesidades educativas" de los privados de libertad.
De igual forma, preocupa la inconsistencia y el atraso educativo que tiene la oferta académica dentro de los centros, ya que una vez los adolescentes culminan sus periodos de internamiento, salvo contadas excepciones, no poseen las capacidades, habilidades y actitudes exigidas en el campo laboral formal.
En cuanto al derecho de petición se comprobó "el abandono en reincorporar los buzones penitenciarios que permitan que los adolescentes presenten quejas de forma anónima, (lo que) limita el ejercicio de este derecho por temor a posibles represalias".
Finalmente, el plazo de respuesta por las autoridades en algunos de los casos se dilata hasta por 30 días, lo que no es consonante con los plazos que permiten las leyes.
Sobre el particular, el representante de la UNICEF en Panamá, el estadounidense Mark Conolly, dijo a Efe que el resultado más importante del informe es "que el problema se puede resolver en estos centros".
No obstante, dijo que la solución podría darse siempre y cuando se entienda que la educación no es opcional, sino la solución para enfrentar los problemas que tiene el adolescente.
"Lo simpático de esto es que estamos hablando de sólo 200 adolescentes, por lo que creo que el Ministerio de Educación con la ayuda de la UNICEF y la Defensoría de Panamá podría solucionar esta situación", precisó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, destacó que el seguimiento demostró que los esfuerzos que realiza el Gobierno panameño no son suficientes para solucionar los problemas en los centros de cumplimiento de adolescentes.
"El estudio lo que pretende es visualizar la situación por la que se pasa en estos centros y se puedan corregir, para garantizar que estos jóvenes cuando regresen a la sociedad no caigan en ese círculo de violencia", concluyó Vargas.
