La República de Paraguay reconoció hoy su responsabilidad en la desaparición forzosa de dos niños soldados que fueron reclutados para el servicio militar y desaparecieron en 1998 mientras se encontraban bajo custodia del Ejército.
Apoderados de Paraguay firmaron un acuerdo de solución amistosa con abogados de los grupos que representan a los denunciantes -las madres de Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, de 14 años-, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Servicio Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ-PY).
En el acuerdo, Paraguay reconoce su responsabilidad internacional en la desaparición forzosa de los dos niños por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a las garantías judiciales.
Todos derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En virtud del acuerdo, firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paraguay se compromete a pagar la suma de 25.000 dólares en concepto de indemnización a cada una de las familias de las víctimas en un plazo de cinco meses.
También otorgará en un plazo de un año una pensión a los familiares de los dos niños.
Por otro lado, el Gobierno tendrá que disculparse y reconocer públicamente su responsabilidad en un plazo de tres meses.
El documento establece que Paraguay tendrá que investigar los hechos y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de los dos niños soldados.
También obliga al Estado a crear en un plazo de 30 días una comisión que tendrá que investigar las circunstancias en las que desaparecieron Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez y determinar cuál fue su destino.
Además, requiere a Paraguay que presente un proyecto de ley para reformar el Código Penal en cuanto al delito de desaparición forzosa para adecuar su legislación a los compromisos asumidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona, entre otras medidas.
"Con esta solución amistosa Paraguay está más cerca de reparar los sufrimientos causados por una aberrante práctica violadora de los derechos humanos de los niños, que durante muchos años fue tolerada y considerada normal", afirmó Liliana Tojo, directora del programa de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia.
En la firma del acuerdo, el embajador paraguayo ante la OEA, Bernardino Hugo Saguier, aseguró que "las instituciones y los encargados de las instituciones saben que cuando suceden estos casos hay consecuencias. Estamos muy complacidos porque estamos dando un ejemplo", según un comunicado de CEJIL.
"El Ministerio de Defensa va ha hacer cumplir los derechos humanos. Estamos totalmente comprometidos con los derechos humanos", dijo el asesor jurídico del Ministerio de Defensa de Paraguay, mayor Gustavo Dávalos.
Funcionarios del Ejército reclutaron en 1997 a Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, sin pedir permiso a sus padres y mediante la alteración de la edad en documentos oficiales, para simular que tenían el mínimo requerido de 16 años.
En febrero de 1998, los niños desaparecieron de su unidad militar sin que hasta ahora se conozca su paradero y sin que sus familiares hayan recibido explicaciones satisfactorias.
Desde 1989, en Paraguay han sido registradas 110 muertes de conscriptos en las Fuerzas Armadas, según datos de SERPAJ-PY.
El cumplimiento integral del acuerdo concluirá el caso presentado ante la CIDH en 2000 y admitido en 2003.
Éste es la tercera de una serie de denuncias ante el sistema interamericano acerca del reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas de Paraguay.
Uno de los casos anteriores concluyó con una condena de la Corte Interamericana contra el Estado paraguayo y el otro en un acuerdo amistoso, de acuerdo con CEJIL.
