La creación de "ciudades modelo" similares a Hong Kong en Honduras, una iniciativa respaldada por el Gobierno de Porfirio Lobo, fue aprobada por el Parlamento del país, aunque deberá ser ratificada por la nueva legislatura.
Fuentes parlamentarias informaron hoy de que para la aprobación del proyecto se modificaron el miércoles por la noche los artículos 304 y 329 de la Constitución, con el voto de 126 de los 128 miembros del poder legislativo, que hoy cerró su primer año de sesiones.
El proyecto, que ha suscitado críticas de algunos sectores como el Frente Nacional de Resistencia, del ex presidente Manuel Zelaya, que considera que supone una "venta" o cesión de soberanía, lo que niega el Gobierno, deberá ser ratificado en la siguiente legislatura, que comenzará su andadura el próximo 25 de enero.
Las "regiones especiales de desarrollo" o "ciudades modelo" podrán instalarse en un área de 1.000 kilómetros cuadrados y tendrán personalidad jurídica, su propio sistema de administración pública y su propia normativa legal, aunque sujeta a la aprobación del Parlamento hondureño.
Además, deberán "contar con su propio fuero jurisdiccional" de conformidad a la Constitución hondureña y podrán "firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y cooperación en materias de su competencia, los cuales deben ser ratificados por el Congreso Nacional".
Estarán sujetas al "Gobierno Nacional en todos los temas relacionados a soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes", subraya la iniciativa aprobada por los diputados.
Según el proyecto, las Regiones Especiales de Desarrollo que establecerá el Estado hondureño serán entes creados "con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable".
Además, operarán "con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente".
Crearán "los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales" y dotarán "a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región".
