El Parlamento venezolano acaba sus sesiones tras aprobar una batería de polémicas leyes
Caracas, 3 ene (EFE).- La Asamblea Nacional venezolana (AN), de mayoría oficialista, cerró hoy la legislatura tras aprobar en las últimas tres semanas una batería de polémicas leyes que tienen como fin, según el oficialismo, consolidar el Estado comunal que impulsa el Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Voceros de la oposición han recordado que varias de estas leyes que forman parte del "paquetazo" fueron rechazadas en el referéndum de 2007 en el que se proponían cambios sustanciales a la Constitución Nacional, como por ejemplo el reconocimiento de otros tipos de propiedad distintos a la privada, como la comunal.
Entre las leyes que más polvareda han levantado en la oposición resaltan las siguientes.
- Ley Habilitante:
Norma que otorga al presidente Hugo Chávez poderes especiales para legislar sin control del Parlamento por 18 meses. El mandatario solicitó poderes especiales para hacer frente a la emergencia generada por las lluvias de los últimos meses el año.
La ley le permite a Chávez, no obstante, legislar en nueve ámbitos que van desde seguros y bancos hasta disciplina en las fuerzas armadas y las comunicaciones electrónicas.
La oposición reclama que esta Ley Habilitante le permitirá a Chávez legislar en otras materias que no tienen relación con la crisis generada por las lluvias, y asegura que se trata de una estrategia para anular a la Asamblea que se instalará el próximo 5 de enero, en la que el oficialismo no tendrá mayoría cualificada.
- Ley Orgánica del Poder Popular:
Es una de las cinco normas que sustentan la creación del Estado comunal, que la oposición rechaza porque se basa en el concepto que no existe en la Constitución, y sienta las bases para que las comunidades organizadas puedan ejercer el autogobierno, y asuman funciones, atribuciones y competencias administrativas.
Los legisladores oficialistas aseguran que con esta norma se abre paso al precepto constitucional "de la participación directa del pueblo en el ejercicio directo en funciones de Gobierno y en el desarrollo pleno de la soberanía".
- Ley de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas:
Sanciona con inhabilitación a los diputados que decidan cambiarse de bando político en el ejercicio de sus funciones.
Parlamentarios opositores aseguraron que esta norma delata el miedo del oficialismo de perder la mayoría parlamentaria de la nueva Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero.
El presidente Hugo Chávez dijo, con respecto a esta norma, que era necesario relevar de sus cargos a los parlamentarios que "saltaran" al bando opositor, por "fraude".
- Reforma de Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Resorte):
Fue reformada para regular el uso de Internet. El artículo 28 prohíbe la difusión de mensajes que generen zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, ya sea por televisión, radio o medios electrónicos.
Sectores opositores aseguraron que con esta reforma de la ley se pretende aplicar métodos de censura a Internet.
Diputados oficialistas aseguraron que la modificación de la norma busca establecer un "compromiso social" de los prestadores y proveedores de los servicios de radio, televisión y medios electrónicos.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó la norma por considerar que pone "en grave riesgo" a la democracia por establecer "limitaciones a la hora de hablar y escribir".
- Ley de Telecomunicaciones:
Norma que declara como servicio de interés público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones.
De acuerdo con la oposición, el artículo 5 de la ley facilita el camino al Gobierno a la hora de cancelar el permiso legal para operar a una radio o una televisión que incurra en algún "error" o se "vea involucrado en una denuncia".
Diputados oficialistas dicen, en cambio, que con esta ley no se violenta ningún derecho y que, por el contrario, se ratifica la libertad de expresión en Venezuela y el desarrollo de las telecomunicaciones.
- Ley de Educación Universitaria:
Norma defendida por la amplia mayoría oficialista como "democratizadora", pero rechazada por la oposición por considerar que acaba con la autonomía de esas casas de estudio.
Parlamentarios oficialistas aseveran que con esta ley hay "un total y absoluto respeto a la autonomía universitaria", aunque aclaran que se trata de una "autonomía corresponsable" que no permitirá que las autoridades de esas casas de estudio hagan "lo que les de la gana".
Rectores universitarios opositores indicaron que esta ley significaba un "golpe de Estado a la academia".
- Ley para la Protección de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional:
Esta norma prohíbe que partidos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) sean financiados desde el exterior y puedan actuar en función de intereses extranjeros.
La ley restringe, además, que personalidades extranjeras puedan emitir opiniones en el país.
Parlamentarios de la oposición criticaron que se busca limitar a organizaciones sociales que hacen vida en el país.
- Reforma de la Ley de Bancos:
La reforma de esta ley prohíbe a quienes ejercen funciones públicas crear o ser accionistas de instituciones financieras.
Asimismo, los bancos se ven obligados a recortar o frenar la financiación con tarjetas de crédito.
La oposición critica el artículo 8, que indica que los bancos "serán de utilidad pública" y no hace falta la aprobación de la AN si el Gobierno decide hacerlos estatales.
Legisladores contrarios al Gobierno dicen que la ley atenta contra la libertad económica, contra el derecho a la libre competencia y la iniciativa comercial.
Legisladores oficialistas defienden la norma asegurando que la reforma garantiza la "protección a los usuarios" de la banca ante "cualquier irregularidad".
