Las principales patronales agropecuarias de Argentina, uno de los mayores proveedores globales de granos, advirtieron hoy sobre la situación "desesperante" de los productores de trigo a raíz de las "distorsiones" existentes para la comercialización de los cultivos.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) pidieron al Gobierno en un comunicado "respuestas concretas" a los reclamos del sector, enfrentado desde 2008 al Ejecutivo de Cristina Fernández.
Sin embargo, las entidades evitaron convocar a una nueva protesta, tal como habían alertado dirigentes del sector, a la espera de los resultados de la reunión que representantes de las patronales mantendrán el próximo 12 de enero con el ministro argentino de Agricultura, Julián Domínguez.
La convocatoria del ministro que recibieron las organizaciones reunidas en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias "parece más motivado por una necesidad política que por la voluntad de encontrar respuestas a los problemas de los productores", señalaron las asociaciones en la nota.
Las patronales reclaman la derogación "en forma inmediata" de los cupos para la exportación establecidas por el Gobierno para garantizar el abastecimiento interno.
Sostienen que los cupos obligan a los productores a vender buena parte del trigo al mercado doméstico a precios inferiores a los que marca el ámbito internacional.
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) autorizó en diciembre pasado la exportación de 2 millones de toneladas de trigo y anticipó que este mes habilitará otro millón.
Las entidades creen que la eliminación del sistema de permisos a la exportación permitiría "el mejor funcionamiento de los mercados y la obtención de un justo precio para el productor", señaló el comunicado.
Además, el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, advirtió que existe "un puñado de firmas privadas que controla la comercialización del cereal, que vienen pisando el precio hace cinco campañas" y "el Gobierno sigue habilitando estas maniobras, que perjudican por igual a consumidores y a los productores", opinó.
Por su parte, Domínguez dijo que "hay que velar para que los molinos y la exportación paguen el precio que se han comprometido a pagar, para que los productores reciban el FAS teórico (el precio menos impuestos y otros gastos) como se estableció en el acta de acuerdo del trigo", sostuvo.
Las patronales aseguran, sin embargo, que compañías del sector pagan un precio inferior al establecido por tener el abastecimiento interno garantizado por el Gobierno.
"Las entidades estamos convencidas de la necesidad de que existan mecanismos que permitan la competencia y transparencia de los mercados, y que impidan las injusticias generadas por las intervenciones distorsivas y por el abuso de posiciones dominantes", dijeron las entidades en la nota.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el sector rural data de comienzos del 2008 y ha derivado en alrededor de una decena de huelgas comerciales en el país, el mayor proveedor global de aceites y harinas de soja y uno de los diez primeros en el renglón del trigo, maíz y girasol.
El conflicto se desató por un esquema móvil de impuestos a las exportaciones de soja, maíz, girasol y trigo impulsado por el Gobierno, que finalmente quedó sin efecto después de no ser convalidado por el Legislativo.
El secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, destacó en noviembre el desempeño que en la presente campaña tendrá el trigo, que pasará de las 7,5 millones de toneladas del ciclo anterior -afectado por la sequía-, a entre 13 y 14 millones de toneladas en este campaña.
La recolección en el sector, sin embargo, se vio afectada por el fenómeno climático de "La Niña", que ha causado sequía en vastas zonas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, en la más rica región agrícola de Argentina.
