El Gobierno peruano estableció hoy que el valor mínimo para la regalía del gas natural para la exportación no puede ser inferior al destinado al consumo interno, según un decreto supremo publicado en las normas legales.
De este modo, el Gobierno admite explícitamente las diferencias de trato entre el gas comprado por los importadores y el consumido por los ciudadanos peruanos.
El decreto firmado por el mandatario, Alan García, y refrendado por los ministerios de Economía y de Energía y Minas, agregó que la empresa estatal PerúPetro, a cargo de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, iniciará todas las acciones de renegociación necesarias o convenientes para acordar con los contratistas las modificaciones de sus contratos de licencia.
El objetivo de la norma es que "cuando el destino final del gas natural sea la exportación, el valor de la regalía, expresada en dólares por millón de BTU (la unidad de medida inglesa), no sea en ningún caso inferior al valor promedio de la regalía del gas natural destinado al mercado interno".
La norma busca poner fin a la controversia que ha generado en sectores opositores y de analistas peruanos el inicio, hace un mes, de la exportación del gas natural, proveniente de la reserva de Camisea, a México en mejores condiciones de precio y pago de regalías que el que tienen los consumidores peruanos.
Según los detractores de la exportación del recurso, el Estado debería asegurar primero la demanda interna, tanto en uso doméstico como industrial, antes de comprometer sus reservas para la venta al extranjero.
De los 15 trillones de pies cúbicos de gas de reservas probables, Perú ha comprometido 4 trillones para la exportación a México durante los próximos 15 años.
El decreto supremo señala que "a efectos de establecer condiciones de competitividad para los mercados de exportación y del mercado interno, resulta necesario establecer disposiciones que permitan fijar criterios de equidad para la determinación de las regalías".
La ley orgánica de hidrocarburos daba al contratista la libre disponibilidad de los recursos que le correspondían conforme al contrato y podía exportarlos libre de todo tributo, pero sí estaban obligadas al pago de regalías, un pago al Estado por la explotación del gas, y al del canon, un porcentaje que era destinado a los gobiernos locales.
Según el analista Aurelio Ochoa, consultado por el diario La República, el consorcio Perú LNG, encargado de la exportación del gas de Camisea, aportaba 0,16 dólares por millón de BTU por concepto de regalías, mientras que los consumidores pagaban 1,2 dólares por millón de BTU, seis veces más que los exportadores.
En medio de este panorama, el Gobierno también enfrentaba esta semana el desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) debido a una marea irregular que impedía el ingreso de buques a la costa de Lima, según admitió el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
