Los abogados de la líder indígena colombiana Aida Quilcué solicitaron hoy que se condene a siete militares que comparecen en juicio como presuntos responsables del asesinato de José Edwin Legarda, esposo de la dirigente aborigen.
La petición la hicieron los letrados Soraya Gutiérrez y Omar Hernández, que representan en esta causa, como víctimas, a Aida Quilcué y a la hija de la pareja, una menor.
Gutiérrez, de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR), y Hernández, de la Asociación Minga, solicitaron al juez que sigue el juicio que declare responsables de "homicidio en persona protegida (por el derecho internacional humanitario)" a los implicados en este caso.
Dos suboficiales y cinco soldados comparecen como sindicados de la muerte de Legarda, tiroteado el 16 de diciembre de 2008 en una carretera de la zona rural de Totoró, población del Cauca, departamento del que es capital Popayán y territorio de la etnia Paez, a la que pertenecía Legarda y de la que Quilcué es líder.
Legarda conducía un vehículo de propiedad del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) e iba a recoger a su esposa, que un día antes había regresado de Ginebra, donde asistió a sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Cric sostuvo entonces que el objetivo del ataque era Aida Quilcué, por entonces consejera mayor de esta organización y quien había encabezado dos meses antes una protesta indígena que movilizó a más de 40.000 aborígenes por el suroeste del país y hasta Bogotá.
El pasado 26 de mayo el investigador Manuel Guillermo Gómez, de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General, acusó a los militares como presuntos responsables del crimen.
El juicio es seguido en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, donde hoy se abrió la fase de alegatos finales.
En él, los representantes de las víctimas consideraron que el de Legarda "no fue un crimen aislado, sino que se perpetró en un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra las comunidades indígenas del Cauca", según un comunicado divulgado por la CCAJAR.
Al juicio, que comenzó el 18 de mayo último, asisten como observadores los juristas canadienses Pierre Rousseau y William St-Michel, de la sección en el país norteamericano de Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC).
