Tres grupos parlamentarios opositores de Nicaragua pidieron hoy a la Asamblea Legislativa destituir al presidente de ese poder del Estado, el sandinista René Núñez, por ordenar la publicación, en el diario oficial, La Gaceta, de una nueva versión de la Constitución, que consideran ilegal.
Esa petición fue hecha a la Primera Secretaría del Congreso, que preside el opositor Wilfredo Navarro, por los jefes de los grupos parlamentarios Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) que, sin embargo, no reúnen los votos para la destitución.
El jefe del grupo parlamentario liberal, Ramón González, dijo a Efe que esa petición cuenta con el respaldo de 40 diputados opositores, excepto de los legisladores de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y la Bancada Unidad Nicaragüense (BUN), aliados ocasionales de los sandinistas, que reúnen 12 votos, y otros dos diputados independientes que tampoco firmaron la petición.
Para destituir a Núñez se necesitan 47 votos, de un total de 92 parlamentarios, mientras los sandinistas tienen 38 escaños.
En rueda de prensa antes que formalizarán esa solicitud, Núñez dijo que, a su juicio, no existe ninguna razón, ni reglamentaria, ni jurídica, para demandar su destitución.
Sostuvo que ha "actuado con prudencia, tolerancia y apegado a la ley", al ordenar la publicación, el pasado 16 de septiembre, de la Carta Magna en la que incluyó un inciso constitucional que ampara un polémico decreto presidencial que prorroga la permanencia en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos.
La versión constitucional incluye una disposición, considerada transitoria por opositores y juristas independientes, de una enmienda a la Carta Magna hecha en 1989.
"Estamos cumpliendo con publicar la Constitución tal como en la Asamblea (Nacional) se aprobó (en 1989), donde hubo una omisión de una parte del artículo 201", argumentó Núñez, quien explicó que el mandato fue "ordenar los textos de 1990 hasta hoy".
"En esta publicación no hay una sola línea, palabra o artículo que haya sido agregado a nuestro antojo", añadió.
Ese inciso constitucional, que no registraba la Carta Magna después de 1990, se refiere a que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y las demás autoridades y funcionarios de diversos poderes, continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deban sustituirlos de acuerdo a la Constitución.
Ese inciso sustenta, por tanto, un decreto emitido por el presidente del país, Daniel Ortega, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos.
Ortega decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finalizó este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
El mandatario aprobó el decreto ante la decisión de la oposición de congelar la ratificación y renovación a autoridades que concluían su mandato, en medio de una crisis generada tras la decisión de la Sala Constitucional de anular el artículo de la Carta Magna que impide la reelección presidencial, lo que favorecería a Ortega.
