La Defensoría General y un organismo humanitario de Argentina reclamaron hoy la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida e integridad física de la comunidad toba en la provincia de Formosa, tras incidentes con la policía que provocaron dos muertos.
El reclamo fue hecho en un escrito enviado hoy al organismo de la OEA, asegura un comunicado de la Defensoría General de la Nación, firmante del documento junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La presentación solicita a la CIDH que inste al Estado argentino a "proteger a los indígenas y sus dirigentes, suspender todo acto de desalojo, y promover la investigación y sanción de los responsables de los ataques".
La denuncia incluye una descripción de los gravísimos hechos ocurridos el martes pasado, que causaron la muerte de Roberto López, integrante de la comunidad aborigen, y del policía Heber Falcón, y que dejaron un saldo de más de 20 heridos, algunos de ellos de gravedad.
Los enfrentamientos ocurrieron cuando la policía intentó desalojar por la fuerza una carretera bloqueada por integrantes de la comunidad toba que reclaman tierras en Formosa, en el norte de Argentina y vecina a Paraguay.
En agosto pasado el CELS había remitido a distintas dependencias del Gobierno argentino información sobre la situación de la comunidad toba en Formosa y solicitado la intervención del Estado federal, sin hallar una respuesta.
El CELS recordó que ya había denunciado al Estado argentino ante la CIDH por un hecho de represión policial contra otra comunidad toba de Formosa, ocurrido en 2002.
Distintas fuerzas sociales y políticas acusaron al gobierno formoseño de haber desatado la represión de la semana pasada sin motivo, en aparente connivencia con terratenientes de la zona.
El asunto hace tambalear al gobernador formoseño, Gildo Insfrán, del Partido Justicialista (peronista), a quien el Tribunal Superior de Justicia provincial advirtió que estos hechos son de "gravedad institucional", por lo que abrió una investigación del caso, mientras desde otros sectores se reclama su renuncia.
