La Procuraduría General de Colombia pidió hoy a la Fiscalía General que vincule a cuatro agentes del Estado, entre ellos dos antiguos funcionarios de la central de inteligencia, y a un ex jefe paramilitar con el proceso judicial por el magnicidio en 1989 del candidato presidencial Luis Carlos Galán.
La solicitud, formalizada por el despacho del procurador general, Alejandro Ordóñez, se fundamenta en la decisión de declarar el caso como de lesa humanidad para evitar su prescripción legal, que en Colombia es de veinte años.
En un comunicado, la entidad de control de los funcionarios públicos observó que la Corte Suprema ha dejado definido que "se cuenta con plena legalidad para continuar la investigación por el crimen".
Galán, líder del movimiento Nuevo Liberalismo (NL), fue asesinado el 18 de agosto de 1989 cuando iba a dar inicio a un mitin en una plaza de Soacha, populosa localidad vecina a Bogotá.
El político buscaba la Presidencia en los comicios de 1990 y las encuestas lo daban como el más seguro sucesor del entonces jefe del Estado, el liberal Virgilio Barco (1996-1990).
El crimen fue atribuido a una alianza del Cártel de Medellín, dirigido por el entonces capo de la droga Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales, que las investigaciones no han terminado de precisar.
La petición de la Procuraduría se refiere a los antiguos oficiales de la Policía, los entonces coroneles Óscar Peláez Cardona y Manuel Antonio González Enríquez, así como al capitán Felipe Montilla Barbosa.
En aquella fecha, Peláez ejercía como jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, González tenía a cargo la jefatura de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Montilla se desempeñaba como comandante de la policía municipal de Soacha.
Los otros implicados son Alberto Romero, quien ocupaba entonces la jefatura de Inteligencia del DAS, y el ex paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias "Ernesto Báez" y quien entregó las armas en diciembre de 2005.
Duque fue el responsable político de la disuelta organización ultraderechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y está recluido en una cárcel cercana a Medellín.
