Piden que se archive el caso sobre el impacto en la salud de los pobladores de La Oroya


El Ejecutivo peruano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que archive una medida cautelar de 2007 por el impacto del alto índice de polución en la ciudad minera de La Oroya, una de las más contaminadas del mundo, en la salud de grupos de pobladores, informaron hoy fuentes oficiales.


La CIDH, con sede en Washington, otorgó el 31 de agosto de 2007 medidas cautelares a favor de 65 habitantes de la ciudad de La Oroya en Perú debido a que su salud estaba en peligro por los altos índices de contaminación del aire, suelo y agua, como consecuencia de las partículas de metales liberadas por el complejo metalúrgico de La Oroya.


Según un comunicado de prensa del Ministerio de Salud de Perú (Minsa), en el pedido, realizado ayer en Washington, las autoridades del país suramericano aseguraron haber ejecutado en su integridad las acciones de salud a favor de los pobladores.


"El Ministerio de Salud ha mostrado todos los avances, los diagnósticos y el número de atenciones a los pobladores de La Oroya y además informó sobre la política de salud en dicha ciudad. Debido a estas acciones del Estado hemos solicitado (ante la CIDH) que se levante la medida (cautelar)", según el documento oficial.


Además, el Ministerio de Energía y Minas informó ante la CIDH que las actividades mineras en La Oroya se realizan en estricto cumplimiento de los estándares ambientales internacionales, agregó el comunicado.


Pero estas medidas, que se comenzaron a implementar en marzo del 2008, no han sido cumplidas en su totalidad, según publicó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDP) en su portal de internet.

 

Esta organización señaló que a la fecha no hay un diagnóstico médico especializado y que "un grupo de médicos y expertos que acompañan el proceso, han concluido que muchos de los 65 casos, presentan intoxicación por plomo, cadmio y arsénico".


Asimismo, un grupo de representantes de La Oroya solicitó ayer a la CIDH elevar la solicitud de imponer medidas cautelares al Estado peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica, agregó la SPDP.


La minera Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.

 

A raíz de la crisis financiera mundial, la empresa Doe Run Perú, de capital estadounidense, redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.


La empresa además ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por su falta de voluntad para completar su Programa de adecuación ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50 por ciento y aún falta una inversión de 160 millones de dólares para finalizarlo.


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Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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