El líder amazónico peruano Alberto Pizango, asilado en Nicaragua desde junio, opinó hoy que el Gobierno de su país está "tomando las cosas en serio" al reconsiderar sus intentos por disolver a la mayor organización indígena del país, Aidesep.
Las declaraciones de Pizango, que hasta su huida a Nicaragua era presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), responden al anuncio de ayer del primer ministro de Perú, Javier Velásquez Quesquén, de desistir en el pedido gubernamental de disolver Aidesep.
"Yo creo que el Gobierno está tomando las cosas en serio y está tratando de limpiar su imagen por los atropellos contra los pueblos peruanos", afirmó Pizango desde Nicaragua a la radio peruana Ideeleradio, pese a que tiene prohibido pronunciarse desde suelo nicaragüense sobre política interna o peruana.
El líder indígena habló sobre su posible regreso a Perú, reclamo que han realizado algunas bases de indígenas amazónicos, y que según Pizango responde a su papel "como líder de este proceso".
"En mí encontraron los pueblos la palabra de que se puede hacer justicia y se puede dialogar en beneficio de todos", afirmó.
Sin embargo, Pizango no puso fecha a su regreso desde el país centroamericano.
El líder indígena está asilado en Managua desde el 17 de junio después de que la justicia peruana pidiera su busca y captura.
Se le acusa de delitos contra el orden público y de apología de sedición y motín en agravio del Estado por los graves sucesos del 5 de junio en la localidad de Bagua, donde murieron 33 personas (23 de ellos policías) y uno quedó desaparecido en choques entre las fuerzas de seguridad y los indígenas.
Como presidente de Aidesep, Pizango dio gran visibilidad a la lucha de los indígenas amazónicos, pero su salida del país y su petición de asilo han sido más tarde cuestionados por algunos de sus compañeros, que le reprocharon no haberse quedado en el país en los momentos más difíciles.
La protesta de los indígenas era en rechazo a un paquete de leyes que modificaba las características de la propiedad del agua y la tierra en la selva amazónica, con el objeto de facilitar su transferencia para la inversión privada.
Las llamadas "leyes de la selva" fueron derogadas y el Gobierno peruano llamó a las organizaciones indígenas a formar mesas de diálogo con el objeto de llegar a una propuesta legal consensuada.
Una comisión especial investiga los violentos sucesos ocurridos en junio en la ciudad de Bagua y tiene plazo hasta el 9 de diciembre para presentar sus conclusiones.
Además, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó al Gobierno peruano en agosto pasado continuar promoviendo "la adopción urgente de una ley marco sobre las poblaciones indígenas que englobe a todas las comunidades" y que permita armonizar su protección y la promoción de sus derechos.
