El Contralor Federico Humbert se niega a rendir cuentas

El contralor Federico Humbert es la figura pública con más respuestas pendientes sobre sus actuaciones e intereses económicos.

La Asamblea Nacional citó al funcionario para que respondiera a una serie de preguntas sobre las finanzas públicas, sobrecostos en obras públicas, incremento de la planilla, ejecución de fianzas, y otros temas bajo su responsabilidad, pero Humbert canceló su asistencia por supuestos compromisos fuera del país.

Esta semana se hizo público un nuevo contrato millonario entre el Estado y una empresa vinculada a la familia del contralor: Petróleos Delta. Se trata de un negocio que tiene como tope 70 millones de dólares y que entró en vigencia en febrero de 2018, siendo Humbert el contralor.

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¿Quién refrendó el nuevo contrato con Petróleos Delta para el suministro de combustible a la flota de vehículos del Estado? Esta es una de las preguntas que Humbert tampoco respondió a Panamá América, tomando en cuenta que la Ley 32 de 1984 establece en su artículo 79: "ningún servidor público de la Contraloría General podrá defender o patrocinar intereses económicos propios o de un familiar comprendido dentro del primer grado de afinidad o segundo de consanguinidad".

Pero el posible conflicto de intereses del contrato con Petróleos Delta no es el único tema que tendría acorralado a Humbert, y también sería la explicación a la falta de respuestas.

Abogados afirman que muchas de las auditorías solicitadas a la Contraloría por el Ministerio Público y jueces, no tienen firma de Humbert o el subcontralor, hecho que el funcionario tampoco ha querido responder ante la pregunta de este medio de comunicación.

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"¿Indique por qué en muchas de las auditorías llevadas a cabo por la Contraloría General de la República no aparece su firma de refrendo y qué legalidad tiene dicha auditoría, si no tiene el refrendo?, establece textualmente la pregunta hecha llegar a Humbert.

La Ley 32 de 1984 establece en el artículo 57, en el acápite d) conocer de los informes de auditoría y los informes financieros de las dependencias públicas que deba presentar la Contraloría, una vez hayan sido aprobados por el director de Auditoría. La aprobación final de estos informes corresponde al contralor general, quien podrá delegarla en el subcontralor general.

Las auditorías no son la única duda sobre las actuaciones de Humbert en la Contraloría. Una de las preguntas que la Asamblea Nacional le formuló al contralor es con qué regularidad mandaba al Órgano Ejecutivo los informes de estado financiero de la Administración Pública que mandata el numeral 10 del artículo 11 de la Ley 32 de 1984.

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Humbert tampoco ha dado respuestas sobre el monto de los proyectos llave en mano de la gestión de Juan Carlos Varela y de si el manejo descontrolado de las finanzas públicas en el Gobierno pasado llevó a comprometer la privatización de algún activo del Estado. Además de informar cuál es el monto real de la deuda pendiente que dejó Varela con los proveedores del Estado.

También se le cuestiona si cumplió su función de exigir un plan de contención de gastos ante el panorama financiero que manejó el gobierno de Varela y si reportó los sobrecostos de los proyectos manejados en ese periodo.

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