El procurador de la Administración, Ribogerto González, respondió ayer a la consulta de opinión jurídica que le había solicitado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en medio del trámite de una demanda de inconstitucionalidad que avanza en contra de la designación del actual ministro de la Presidencia, Jorge González, quien incluso ya fue ratificado como directivo del Canal de Panamá.

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La información fue confirmada a Panamá América por el propio procurador de la Administración, quien explicó que no podía adelantar el contenido de su respuestas hasta que se tenga acuso de recibo de la Corte Suprema de Justicia, pero indicó que en su momento hará del conocimiento público sus consideraciones al respecto.

"Ya analicé el tema... Tan pronto haya constancia de que llegó al la Corte eso será público", dijo el procurador González, cuyo pronunciamiento será tomado en cuenta para continuar con la diligencia que evalúa la legalidad de este nombramiento para la Junta Directiva del Canal.

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Esta demanda fue interpuesta el pasado 4 de abril por el abogado Ernesto Cedeño, quien alega que la ley prohíbe que para este cargo se designe a un ministro en funciones (salvo el ministro de Asuntos del Canal), lo cual descalificaría para esta posición al titular de la Presidencia, Jorge González.

Posterior a esto, y en decisión que tomó por sorpresa a sectores políticos, el nuevo magistrado de CSJ, Olmedo Arrocha,  admitió el 15 de abril la demanda de inconstitucionalidad.

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El propio abogado demandante calificó este caso como una "prueba de fuego" para el magistrado Arrocha ya que, siendo él designado por el presidente Varela (y hasta hace poco cercano colaborador de este gobierno) ahora le toca valorar la posible ilegalidad de otro nombramiento promovido por el actual mandatario.'

El 4 de abril pasado, la firma forense Estudio Jurídico Cedeño presentó ante la Corte Suprema demanda de inconstitucionalidad del nombramiento del ministro Jorge González como director de la Junta Directiva del Canal.

Luego de ser admitida, en un comunicado del Órgano Judicial se informó que Olmeda Arrocha quedó como ponente del caso. Y ayer, el procurador de la Administración respondió al traslado de opinión que le había corrido el magistrado Arrocha.

En abogado demandante explicó que, en caso de que se confirme esta inconstutucionalidad, marcaría también un precedente para la ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo, quien también ha sido designada a la ACP por el presidente Varela.

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No obstante, Arrocha admitió la demanda y le corrió traslado a la Procuraduría de la Administración, que ya respondió formalmente, lo que hace pensar que se podría dar un trámite expedito a este amparo.

Proceso

Apenas llegue la opinión del Procurador, la secretaría general de la CSJ debe ordenar que se hagan las publicaciones por edicto para que cualquier interesado presente sus alegatos.

En este periodo de consultas, la ley establece un plazo de 10 días.

Posteriormente, el magistrado sustanciador, Olmedo Arrocha, debe preparar un proyecto de sentencia el cual pondría a circular entre sus pares.

Y si ese proyecto de sentencia cuenta con dos observaciones, entonces tendría que discutirse en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Pero si no tuviera ninguna observación, entonces el proyecto se pasaría en limpio para una sentencia final.