La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales explicará hoy el procedimiento que se utilizará para la discusión del paquete de reformas constitucionales, discutidos en la Concertación Nacional y que ayer fueron presentadas a la Asamblea Nacional por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

noticias relacionadas

Gabinete autoriza presentar ante la Asamblea Nacional documento de las reformas constitucionales

Concertación Nacional, un asalto al pueblo

Reformas constitucionales, una prioridad del Gobierno de Laurentino Cortizo

Leandro Ávila, quien presidirá la Comisión de Gobierno, adelantó que este jueves 18 de julio, una vez se realice una reunión previa, hará un pronunciamiento sobre el curso que tomará el documento que contiene unas 40 propuestas de reformas a la Carta Magna.

El paquete de reformas se presenta ante la Asamblea Nacional, luego de que fueron acogidas, sin modificaciones en la sesión de Consejo de Gabinete, hace dos días.

VEA TAMBIÉN Querellantes inconformes con actuación de fiscalía en caso contra Ricardo Martinelli

Por su parte, el vicepresidente José Gabriel Carrizo señaló ante el Pleno, que con la presentación de estas propuestas de reformas "quedan atrás los estandartes particulares" y que esta iniciativa responde a una exigencia que los panameños han tenido durante años.'

22

sectores de la Concertación Nacional consensuaron el documento.

3

poderes del Estado quedarán claramente separados en caso de aprobarse la propuesta.

Carrizo confirmó que con esta entrega a la Asamblea Nacional se cumple con la promesa del Gobierno de Laurentino Cortizo, en el sentido de que el texto será sometido a debate y enriquecido democráticamente con los aportes ciudadanos y que posteriormente será llevado a referéndum.

VEA TAMBIÉN Zulay Rodríguez denuncia ataques a su familia por reformas migratorias

"Damos inicio a un proceso de revitalización de nuestra democracia que terminará con la participación democrática de nuestro pueblo", dijo Carrizo.

Entre las propuestas se reconoce al Ministerio Público como el ente competente para realizar investigaciones judiciales y crea el Tribunal Constitucional, como máximo organismo para interpretar la Constitución Política.

Además, la propuesta robustecerá económicamente los presupuestos asignados al Órgano Judicial y al Ministerio Público, ya que obligaría a que se destine un 2% del Presupuesto General del Estado para la administración de justicia.