Los abogados del anticastrista Luis Posada Carriles han insistido en aplazar su juicio para el próximo año al argumentar que el Gobierno de EE.UU. ha tenido ventaja en el caso porque ha investigado al cubano desde el 2000, según un documento judicial divulgado hoy.
"El Gobierno asegura que postergar (el juicio) de agosto a octubre debe ser suficiente para preparar la defensa, cuando ellos han investigado este caso desde al menos el 2000 y han enviado ya dos equipos de investigadores a Cuba (en 2001 y 2006)", indicó la defensa.
La jueza Kathleen Cardone de un tribunal federal de El Paso (Texas) fijó la fecha del juicio para el 10 de agosto.
Los fiscales federales encargados del caso objetaron la semana pasada que el juicio se dilate hasta enero o febrero de 2010, como lo solicitan los abogados de Posada Carriles, de 81 años de edad, pero se pronunciaron a favor de retrasarlo hasta octubre próximo.
Pero, Arturo Hernández, quien lidera el equipo defensor, considera que no es tiempo suficiente al alegar que la Fiscalía Federal ha "podido inspeccionar la escena del crimen", en referencia a los atentados con bombas a hoteles de Cuba, con los que vinculan al ex agente de la CIA.
Para la defensa el caso es muy complejo debido a que los fiscales federales añadieron dos nuevos cargos a los nueve de presunto perjurio que ya enfrentaba el cubano, con nacionalidad venezolana.
Con los dos nuevos cargos acusan al anticastrista de mentir al asegurar que no tuvo nada que ver con los ataques con explosivos contra hoteles la Habana en 1997 y en los que perdió la vida el italo-canadiense Fabio Di Celmo.
Hernández expuso que el Gobierno estadounidense ha tenido tiempo para entrevistar a testigos desde hace cinco años, y que eligió presentar los últimos cargos en contra de su cliente en abril 9 del 2009.
Aseguró que parte de las pruebas en estos dos nuevos cargos no fueron entregadas por la fiscalía a la defensa sino hasta mayo 4 del 2009 y en base a esta información se determinó que era necesario un aplazamiento por diversos factores como la complejidad de los hechos y circunstancias que involucran las más recientes acusaciones.
También porque la defensa deberá viajar al extranjero para entrevistar a testigos, inspeccionar escenas de crimen y revisar documentos originales; será necesario contratar expertos y recaudar dinero para pagar los gastos de los abogados.
Con respecto a una petición de los fiscales de evitar que terceras partes tengan acceso a información "sensible" en el caso, la defensa aclaró que no tiene objeción en acceder para que se imponga una orden de protección a audio y transcripciones de la periodista Anne Louise Bardach.
La petición para que la juez emita la orden de protección fue interpuesta la semana pasada por la Fiscalía que quiere mantener confidencial parte de la evidencia.
El Gobierno planea utilizar las anotaciones de la periodista efectuadas durante una entrevista al anticastrista, y en la que éste presuntamente aceptó estar involucrado en los ataques con explosivos en Cuba, los mismos que en 2005 negó ante un juez migratorio cuando solicitaba asilo político en Estados Unidos.
La defensa argumentó que el audio no puede ser utilizado en el tribunal porque Bardach grabó de manera ilegal al anticastrista, al que no pidió consentimiento, por lo que violó acuerdos de privacidad con su entrevistado.
Se espera que la magistrada falle en los próximos días fijando una nueva fecha para el juicio contra Posada que de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta diez años de prisión.
