Diversas organizaciones indígenas de Perú expresaron hoy su preocupación por un decreto que autoriza el uso de la fuerza a miembros de las Fuerzas Armadas en caso de protestas sociales, informó la Defensoría del Pueblo de este país.
En una reunión con la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, los representantes de estas organizaciones criticaron el decreto 1095 por considerar que da amplias facultades a los militares para usar la fuerza en situaciones que constituyen legítimas protestas sociales, según un comunicado de prensa del ente oficial.
Por su lado, Merino explicó que su despacho estudia la constitucionalidad del polémico decreto 1095, agregó el documento de la Defensoría del Pueblo de Perú.
El decreto 1095, que fue emitido el 1 de septiembre pasado, dentro de un paquete de normas relativas a las fuerzas armadas y policiales, permite por primera vez que los militares controlen las protestas internas cuando se declare el estado de excepción y sin necesidad de la participación de la policía, un requisito que antes era obligatorio.
Además, se establece que los militares pueden intervenir "en apoyo de la policía sin declaratoria de estado de emergencia ni ningún otro requisito preciso" y que si sus integrantes cometen violaciones de derechos humanos serán juzgados en el fuero militar y no en la jurisdicción penal ordinaria.
En el 1095 se define como "grupo hostil" a los individuos que "están mínimamente organizados, tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en cantidad, y participan en las hostilidades o colaboran en su realización".
En la reunión de hoy participaron representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), promotora de una gran protesta en 2009 que se saldó con 34 muertos.
También acudieron a la cita representantes de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami) y el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (Ccpican).
En el encuentro con la defensora del pueblo, los líderes indígenas también mostraron su preocupación sobre la dilación en la aprobación de la Ley sobre el Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, de acuerdo con lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
El Congreso peruano aprobó en mayo pasado la ley que obliga al Estado a consultar con las comunidades indígenas antes de realizar proyectos de minería e hidrocarburos, entre otros.
Pero el Ejecutivo devolvió al Congreso la ley en junio pasado con varias observaciones, la principal de ellas es que debía incluir expresamente que los indígenas no tendrán capacidad de veto sobre los proyectos que el Estado considere de interés nacional.
