La oposición chilena presentó hoy en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra la intendenta de la región del Biobío, Jaqueline Van Rysselberghe, por supuestamente ofrecer beneficios a personas que no eran damnificados del terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero del 2010, informaron fuentes legislativas.
La iniciativa, que busca la destitución de Van Rysselberghe y que podría contar con la votación de algunos parlamentarios de Gobierno, puede convertirse en la primera gran diferencia interna que enfrenten los partidos que conforman la Alianza oficialista chilena.
De hecho, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, sostuvo hoy ante periodistas que está dispuesta a declarar ante la comisión que analice la acusación, aunque dijo que por ahora va "a guardar silencio, esperando que el proceso siga su curso".
La intendenta Van Rysselberghe, quien cuando ocurrió el terremoto era alcaldesa de Concepción, una de las ciudades más afectadas por el sismo de 8,8 grados Richter, que dejó unos 500 muertos, fue acusada de ofrecer beneficios a pobladores que no eran damnificados, pero, tras una ardua polémica, fue respaldada por el presidente Sebastián Piñera.
El alcalde de Puente Alto y vicepresidente del oficialista partido de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, reiteró este jueves "que lo que hizo la intendenta fue grave (...) atentó contra la transparencia, contra la fe pública y fue imprudente".
Sin embargo, ante la posibilidad de que parlamentarios de su colectivo apoyen la acusación, dijo que no "está de acuerdo con que gente de la Alianza se preste para este juego político".
"Deberíamos haber sido mucho más duros en el minuto que pasó", acotó.
El edil derechista criticó que la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido al que pertenece la intendenta, se haya cerrado "en una defensa institucional, corporativa, que no está bien".
De hecho, la diferencia de opiniones quedó de manifiesto este jueves cuando el jefe de la bancada de diputados de la UDI, José Antonio Kast, afirmó que la iniciativa carece "de todo fundamento jurídico", mientras Cristián Monckeberg de RN, anunciara que su colectividad estudiará "a conciencia" la acusación y resolverá su postura definitiva a principios de abril.
Por su parte, el presidente del opositor Partido Socialista, Osvaldo Andrade, señaló que quieren "que la nueva forma de gobernar" que se "anunció en su oportunidad incorpore un factor que ha quedado de lado, es decir, incorpore honradez y decencia en la gestión pública".
A su juicio, la decisión del Ejecutivo de mantener a la autoridad regional en su cargo, en momentos en que varios sectores pedían su destitución, "ratifica que estos factores no están incorporados en esta nueva forma de gobernar".
La intendenta de la región chilena del Biobío -situada a 515 kilómetros al sur de Santiago-, quien hoy se encontraba en la capital chilena, afirmó a los periodistas tras saber de la presentación de la acusación constitucional que no ha "pensado en renunciar".
"Yo cuento con la confianza del presidente (Piñera) y me siento orgullosa de pertenecer a su equipo de Gobierno", subrayó.
