Organismos internacionales e instituciones locales presentaron hoy en Costa Rica el proyecto de "Ley contra la trata de personas", el cual establece penas de cárcel para los traficantes, crea un instituto especializado en el asunto y establece un programa de protección de víctimas.
El proyecto ingresó al Congreso costarricense el pasado jueves y hoy fue presentado a la prensa y diputados, en una actividad en la que los legisladores de distintos partidos ofrecieron su apoyo a la iniciativa para una futura votación.
El representante regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Robert Paiva, indicó a los periodistas que la iniciativa "contiene las cláusulas que necesita una ley completa para atacar un fenómeno mundial".
"Es necesario que un país como Costa Rica, que forma parte de todo un círculo de movimientos de personas y mercancías, esté en condiciones de reprimir lo que es un delito y de proteger a las víctimas", apuntó.
El proyecto de ley mantiene el artículo 172 del Código Penal, el cual tipifica la trata e impone penas de 6 a 10 años de cárcel a quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio de personas para su explotación sexual, laboral, esclavitud, tráfico de órganos y mendicidad, entre otros.
Además, castiga con penas de 8 a 16 años de prisión si la víctima es menor de edad o discapacitada, si media violencia o coacción, si la víctima sufre un grave daño a su salud y si el delito es cometido por un grupo.
Entre las novedades del proyecto destacan sanciones de prisión de 4 a 8 años a quien promueva a Costa Rica como un destino para la explotación sexual comercial o la prostitución.
También se impone un castigo de 8 a 16 años de cárcel para quien venda o compre órganos y a quien haga lo mismo con un menor de edad, mientras que para la explotación laboral producto de la trata el castigo va de 6 a 10 años de prisión.
El proyecto también establece un programa de atención y protección de víctimas y crea el Instituto Nacional contra la Trata de Personas, adscrito al Ministerio de Seguridad, el cual se encargará de elaborar y poner en práctica un plan nacional contra la trata de personas.
Aunque las autoridades afirman que es imposible tener datos precisos sobre la magnitud de este fenómeno en Costa Rica, en los últimos años se han detectado varios casos de africanos y asiáticos que fueron abandonados en aguas costarricenses, cuando eran trasladados por organizaciones ilegales con destino a Estados Unidos.
El último caso relevante fue el hallazgo, en abril pasado, de 36 asiáticos en un barco pesquero, que aparentemente eran "esclavos", ya que eran explotados, recibían poca comida, vivían hacinados, se les habían quitado sus pasaportes y recibían latigazos.
