El presidente de la oficialista Unión Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, valoró hoy positivamente la decisión de la Corte Suprema argentina que autorizó la extradición del chileno Galvarino Apablaza Guerra, ex jefe del subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Coloma celebró la decisión de la Corte argentina y aseguró que se trata de "un paso relevante" para que el Estado de Derecho y los tribunales funcionen adecuadamente en Chile.
"Lo que nosotros hemos solicitado siempre es que las resoluciones de los tribunales que investigaban el asesinato de Jaime Guzmán pudieran realmente llevarse a cabo y que las personas que aparecían involucradas pudieran responder ante la justicia", afirmó el senador a la página electrónica El Mercurio.
Coloma manifestó su deseo de que el Ejecutivo argentino materialice la extradición "con la máxima celeridad" y destacó las labores que el Gobierno de Sebastián Piñera realizó para agilizar el proceso contra los responsables del crimen del senador Jaime Guzmán, uno de los fundadores de la UDI.
En tanto, el senador Andrés Chadwick, miembro del mismo colectivo, afirmó que "este es un paso tremendamente importante a efectos de ir terminando con la total impunidad en la que se encuentra el crimen de Jaime Guzmán".
Chadwick consideró además que la decisión de la Corte Suprema argentina es "una demostración de algo que nosotros hemos reiterado durante 20 años".
"Cuando un gobierno tiene la voluntad decidida de esclarecer y colaborar al esclarecimiento de un crimen, como ha ocurrido en este caso con el Gobierno chileno, los pasos se van logrando y las cosas se van alcanzando", agregó.
Jaime Guzmán fue fundador de la UDI, ideólogo del régimen militar que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990) y arquitecto de la Constitución que la dictadura impuso en 1980.
El político fue asesinado a tiros cuando salía de la Universidad Católica, en la que continuó impartiendo clases de Derecho tras ser elegido senador en 1989.
El juez de la Corte de Apelaciones de Chile, Mario Carroza, decidió reabrir el caso hace dos semanas, tras las declaraciones desde una cárcel brasileña de Mauricio Hernández Norambuena, condenado a cadena perpetua por el crimen del senador y que cumple una sentencia por secuestro en Brasil.
Hernández Norambuena afirmó que el FPMR estaba infiltrado por agentes del Gobierno y que dos miembros del grupo, Enrique Villanueva y Agdalín Valenzuela, quienes eran informantes del Consejo de Seguridad Pública, participaron en la planificación y ejecución del atentado.
