Unos 2.500 extranjeros que cumplen condenas en las cárceles chilenas son discriminados en el momento de querer acceder a beneficios, según un estudio presentado hoy por la organización no gubernamental (ONG) Activa, que trabaja en el área de los derechos humanos.
La principal conclusión del estudio es que existe una diferencia entre los beneficios a que acceden los extranjeros respecto de los que reciben los reclusos chilenos cuando cumplen ciertos requisitos (tiempo cumplido de la pena, buena conducta, etc.) destacó en una rueda de prensa Gloria Requena, directora de la ONG.
Para obtener la excarcelación se requiere acreditar un domicilio en el país, lo que es difícil de obtener para la mayoría de los extranjeros presos, que son inmigrantes indocumentados, explicó.
También para obtener un empleo se les exige tener un domicilio, añadió Requena, que en ese contexto llamó a las autoridades "a revisar los requisitos para acceder a la libertad vigilada y remisión condicional de la condena".
Según la dirigente, una forma sería sustituir la exigencia de un domicilio por la firma periódica en una comisaría o en la embajada de su país.
Remarcó que el apoyo de la familia es fundamental para la reinserción de un recluso, pero el preso extranjero no tiene esta posibilidad ya que sus familiares se encuentran fuera del país.
Los presos extranjeros, según la directora de Activa, son marginados, y no existe actualmente una política gubernamental que apoye a este sector de la población penal chilena, que suma en total unas 56.000 personas.
De ese total, alrededor de un cinco por ciento son extranjeros, según datos de la ONG, mayoritariamente hombres (79%) y de nacionalidad boliviana (47%), peruana (34%) y argentina (7,0%), en ese orden.
Los principales delitos cometidos por los extranjeros en Chile corresponden a narcotráfico y actos contra la propiedad (robos), mientras se dan casos de personas que están presas por carecer de recursos para pagar multas por faltas menores.
Uno de los principales problemas carcelarios en Chile es el hacinamiento, con unos 56.000 reclusos concentrados en una infraestructura con capacidad para unos 32.000, según han admitido las autoridades.
