La Fiscalía chilena pidió hoy prisión preventiva para tres gendarmes (guardias de prisiones) por su presunta responsabilidad en la muerte de 81 presos durante un incendio ocurrido el pasado 8 de diciembre en la cárcel santiaguina de San Miguel, informaron fuentes judiciales.
En la "audiencia de formalización", que supone el inicio del proceso y se celebró en el 11 Tribunal de Garantía de Santiago, el fiscal Alejandro Peña pidió la prisión preventiva para los centinelas Fernando Riquelme Lagos, Fernando Orrego Galarce y José Poblete Valverde.
A los tres el fiscal les imputó el delito de homicidio simple por omisión de 66 de las víctimas.
También pidió medidas cautelares de firma periódica en el tribunal o arraigo (prohibición de salir del país) para otros cinco imputados, encabezados por el exdirector regional metropolitano de Gendarmería Carlos Bustos Hoffman.
Los otros son el jefe operativo regional metropolitano, Jaime San Martín Vergara; el alcaide del penal, Segundo Sanzana Barría; el jefe administrativo, Patricio Campos, y el subteniente de turno José Hormazábal Sánchez.
A San Martín, Sanzana y Hormazábal se les incrimina por "cuasidelito" de homicidio (homicidio culposo) y lesiones reiteradas de los 81 reos muertos, en tanto que Bustos y Campos son responsabilizados por el deceso de 15 reos, por no haber adoptado medidas para reparar la red húmeda del penal, incumpliendo disposiciones de los años 2007, 2009 y 2010.
El incendio, ocurrido en la madrugada del 8 de diciembre pasado en la cárcel de San Miguel, situada en el área sur de la capital chilena, fue considerado por el Gobierno como "una enorme desgracia, probablemente la más importante en la historia del sistema carcelario".
El incendio, según fuentes oficiales, se inició a las 05.30 de la madrugada (08.30 GMT), cuando los reclusos, tras una noche de juerga, se enzarzaron en una pelea en la que se utilizaron cilindros de gas a modo de lanzallamas, lo que provocó el fuego, que se expandió rápidamente y los dejó encerrados.
La cárcel de San Miguel tiene capacidad para 1.100 reos, pero al momento de la desgracia estaba ocupada por 1.961 internos, una circunstancia que según dijo en la oportunidad el director de Gendarmería, Luis Masferrer Farías, "refleja la precariedad del sistema carcelario chileno".
El fiscal Peña enfatizó durante la audiencia que el tiempo de reacción de Gendarmería ante el incendio es clave para imputar formalmente a los ocho funcionarios de esa institución como "responsables directos" de las 81 muertes.
El abogado Juan Pablo Gómez, que representa a los tres centinelas imputados por homicidio, aseguró que a diferencia de lo que se ha dicho en los últimos meses, sólo transcurrieron 10 minutos entre que se dio el aviso y la llegada de funcionarios de apoyo, y no 40 minutos como se ha dicho hasta ahora.
Sin embargo, uno de los testigos que entregó su testimonio, afirmó que uno de los gendarmes gritó "¡muéranse!", cuando los reclusos pedían ayuda, ya con el incendio desatado.
La mayoría de los reclusos muertos debieron ser identificados a través de exámenes de ADN debido al irreconocible estado en que quedaron a raíz del intenso calor producido por las llamas, que también dejaron 14 heridos.
Mientras se efectuó el proceso de formalización, los familiares de los reos muertos se manifestaron fuera del Centro de Justicia, que se encontraba protegido por un gran contingente de fuerzas antimotines de Carabineros.
Tras la audiencia, el fiscal Peña dijo a los periodistas que la investigación, "se está recién judicializando" y explicó que a partir de las imputaciones y de las diligencias que aún están pendientes, se evaluará si se configuran nuevos delitos.
