Un juez ordenó hoy el ingreso en prisión de seis militares colombianos implicados en la desaparición y muerte de uno de los 11 jóvenes que fueron reportados por las autoridades como guerrilleros muertos en combate el año pasado.
La decisión la tomó Fernando Sarmiento, juez Segundo Penal Municipal de Soacha, localidad vecina a Bogotá de donde procedían los jóvenes, durante la audiencia de imputación de cargos a esos seis militares, que forman parte de un grupo de 49 implicados.
La Fiscalía General informó en un comunicado de que Sarmiento aceptó el argumento de esa entidad referido a que dejar en libertad a los seis militares "era colocar en riesgo a los familiares de las víctimas y a quienes han rendido testimonios".
La medida afecta al mayor Marco Wilson Quijano Mariño, el teniente Diego Aldair Vargas Cortés, el cabo primero Carlos Manuel González Alfonso y los soldados profesionales Richard Contreras Aguilar, Carlos Antonio Zapata Roldán y Ricardo García Corzo.
Todos ellos fueron sindicados como coautores de los delitos de "desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado".
A los dos oficiales también se les imputó el delito de "falsedad ideológica de documento público".
"Hay elementos de la fiscalía que me permiten hacer inferencia razonable de que los procesados pueden estar incursos en los delitos imputados, por lo que para este despacho están dados los presupuestos para imponer medida de aseguramiento (ingreso en prisión)", expresó Sarmiento.
Los seis militares iniciaron ayer su comparecencia en el proceso relacionado con la desaparición y muerte de Fair Leonardo Porras Bernal, vecino de Soacha y reportado como rebelde muerto en combates con el Ejército en el nordeste colombiano.
Porras fue uno de los 11 jóvenes de Soacha cuyo caso desató el escándalo de los llamados "falsos positivos", que son ejecuciones extrajudiciales por parte de militares para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios como días de descanso.
Esos jóvenes desaparecieron en febrero de 2008 y sus restos aparecieron en fosas de cementerios del nordeste de Colombia meses después, cuando se desató el escándalo y se conoció la verdad.
La fiscalía investiga unos 1.300 crímenes de este tipo ocurridos en Colombia.
En el caso Soacha ya se imputaron cargos a otros seis militares en Cimitarra, localidad del departamento de Santander, por la desaparición y muerte de dos jóvenes del mismo grupo.
La entidad judicial consideró que la sociedad colombiana se encuentra ante una organización dedicada al "tráfico de seres humanos" y dijo que los implicados se olvidaron de sus responsabilidades y obligaciones "para satisfacer sus intereses mezquinos".
