Cientos de manifestantes pidieron hoy al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que el Estado compre la cartera en mora que adeudan a instituciones financieras, estimada en 16 millones de dólares, que ofrecieron pagar luego ellos en un plazo de 10 años.
Esa demanda fue hecha por el llamado Movimiento de Productores, Comerciantes, Microempresarios y Asalariados del Norte, conocido localmente como "No Pagos", durante un plantón realizado en las afueras de la secretaría general del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que Ortega ocupa como Casa de Gobierno.
El dirigente de los manifestantes, Omar Vilchez, dijo a periodistas que la propuesta consiste en que el Estado compre la cartera en mora que adeudan a instituciones microfinancieras, bancos, organismos no gubernamentales y cooperativas, y luego ellos la cancelarían al Estado en 10 años, sin intereses.
"Esta propuesta tiene como objetivo que el Gobierno nos ayude a resolver un gran problema socioeconómico de endeudamiento causado por las altas tasas de interés cobradas por estas instituciones y la difícil situación económica que enfrenta el país", agregó.
El Gobierno sandinista aún no se pronuncia sobre esa propuesta.
El Congreso aprobó en febrero pasado con amplia mayoría una ley especial que permitirá la renegociación de deudas entre unos 5.000 productores agropecuarios y comerciantes morosos con microfinancieras de Nicaragua, a una tasa de interés no mayor al 16 por ciento anual.
Esa ley no fue sancionada, ni vetada, ni reglamentada por Ortega, y correspondió a la Superintendencia de Bancos elaborar una normativa, respaldada por empresarios y la banca privada local.
La norma fue aprobada luego de presiones de productores agropecuarios y comerciantes con problemas para cancelar sus deudas.
Ese grupo es el mismo que desde hace tres años organizó el llamado "Movimiento del No Pago" y protagonizó hechos violentos contra entidades financieras en el norte del país, para protestar contra lo que califican de "intereses leoninos" de hasta 60 por ciento anual cobrados por las microfinancieras.