Una jueza argentina prohibió la salida del país a un revendedor de autos que años atrás fue acusado de comercializar la camioneta utilizada como coche-bomba en el atentado de 1994 a una mutualista judía que causó 85 muertos, informaron fuentes judiciales.
La medida de la magistrada federal Maria Servini de Cubria recayó en Carlos Telleldin, quien ya estuvo detenido por el ataque a la sede de la mutualista judía AMIA de Buenos Aires, del que el pasado 18 de julio se cumplieron 15 años.
La jueza tomó la determinación luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera este año que se investigue nuevamente a Telleldín, quien en 2004 fue absuelta junto a otras 21 personas por falta de pruebas tras casi tres años de juicio oral.
La investigación del impune atentado logró reactivarse este año con la decisión de la Corte de reabrir parte de las pesquisas sobre "la conexión local" del ataque, perpetrado durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
En 1997 apareció un vídeo que mostraba a Telleldín negociando con el ex juez Juan José Galeano el pago de 400.000 dólares, aportados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicios secretos), para que el revendedor incriminara a policías en el atentado.
Si bien Telleldín había aportado valiosos elementos a la causa, que ahora han sido rescatados por la Corte, buena parte del proceso se fundó en las declaraciones que el revendedor de autos negoció con Galeano.
El tribunal que llevó adelante el juicio oral dejó en claro entonces que el Estado y Galeano habían "armado la causa para encontrar culpables a cualquier precio" y denunció a varios funcionarios del Gobierno de Menem.
"(El atentado) nos importa a todos los argentinos y al mundo, porque ha sido un acto terrorista deleznable que nos obliga a trabajar y a redoblar esfuerzos para encontrar, definitivamente, a los responsables internacionales y a la conexión local", sostuvo hoy el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández.
El funcionario realizó estas declaraciones luego de un almuerzo que mantuvo con la cúpula de la AMIA en la que dialogaron sobre las pesquisas y las acciones del Estado para hallar a los responsables del ataque.
La causa pasó en 2005 a manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Alberto Nisman, quienes han pedido la captura internacional de nueve iraníes, además de atribuir la autoría material del ataque al grupo extremista Hizbulá.
El mes pasado Canicoba Corral agregó otro nombre a su "lista negra", al solicitar la captura internacional del colombiano Samuel Salman El Reda, acusado de ser uno de los máximos responsables de la "conexión local" del atentado y quien al parecer vive en El Líbano.
El de la mutualista fue el segundo de los ataques terroristas perpetrados contra intereses judíos en Argentina, donde en 1992 una bomba explotó frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y causó la muerte de 29 personas.
