Unos 130 vehículos permanecen bloqueados hace tres días en rutas del departamento boliviano de Potosí (suroeste), donde organizaciones sociales realizan protestas para exigir que el Gobierno de Evo Morales atienda demandas regionales.
El comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Mario Hinojosa, informó hoy a Efe que unos 60 motorizados que intentan salir de Potosí y otros 70 que quieren entrar a esa ciudad están parados en las rutas desde el fin de semana.
Las instituciones potosinas protestan para exigir una solución a un conflicto de límites con la región vecina de Oruro, el funcionamiento de una fábrica de cemento y de una planta metalúrgica, un aeropuerto internacional y la protección del Cerro Rico, que es explotado por mineros y corre el riesgo de desplomarse.
El secretario general del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Luis Pastor Villafuerte, dijo a Efe que el territorio en disputa entre su región y Oruro es rico en minerales como cobre, bismuto, litio, ulexita "e incluso se ha evidenciado que hay uranio allá", por lo que los potosinos "defenderán su patrimonio y recursos naturales".
Si bien la huelga general e indefinida comenzó el sábado pasado, dos días antes ya se registraron protestas que impidieron el tránsito en la ciudad de Potosí.
Sin embargo, a pesar de la expansión de la protesta, el Gobierno ha decidido no hacer una intervención policial en la zona.
Villafuerte lamentó que no haya "visos de solución" al conflicto y criticó al Ejecutivo de Morales por "distraer con mentiras y engaños" a los sectores movilizados.
Señaló que en las últimas horas se han sumado a la huelga varias localidades del área rural y el pueblo de Villazón, fronterizo con Argentina, por lo que el tráfico hacia ese país es irregular, aunque aún no se ha decidido si se cerrará o no el paso por esa frontera.
El ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, ratificó hoy sus críticas a la huelga y volvió a acusar a los dirigentes cívicos de promover las protestas para defender al alcalde de Potosí, el opositor René Joaquino, frente a una denuncia judicial que puede provocar la suspensión de su cargo.
La huelga ha impedido que los concejales de Potosí evalúen la posibilidad de suspender a Joaquino de su cargo.
Llorenti insistió en que el Gobierno está atendiendo las demandas de Potosí y en que el diálogo debe realizarse "en terreno neutral", es decir en un departamento que no sea Potosí, ni Oruro, lo cual ha sido descartado de plano por el Comcipo.
