Luego de un acuerdo firmado entre dirigentes de la Junta Local, la comunidad y autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a partir de hoy se inicia la reparación del puente colgante peatonal sobre el río Potrero, en el distrito de Arraiján.
El acuerdo se logró en las oficinas del MOP en Panamá, luego de las protestas de los moradores, que incluyeron el cierre temporal de la carretera Interamericana.
El resultado de la negociación resalta que funcionarios del MOP cambiarán todas las péndolas y el piso de madera por una estructura de acero.
Se agrega que Jorge Peñaloza, director nacional de Administración del MOP, se comprometió a visitar y reunirse con la comunidad en el día de hoy, tras lo cual informará sobre las posibles alternativas para conseguir los fondos que permitirán la construcción del puente vehicular.
Por otro parte, tras la caída del puente, el divisionario del MOP en La Chorrera, Roberto Rubio, advirtió que los trabajos de reparación no se han hecho hasta la fecha, debido a la prohibición de la propia comunidad que exige que el gobierno reemplace el mismo por otro vehicular.
Lamentó los hechos suscitados recientemente con la destrucción del paso, que dejó como resultado varias personas heridas, sin embargo, aclaró que desde el mes de agosto cuadrillas del MOP habían ido a reparar dicho puente, pero la comunidad no se lo permitió.
Explicó que la actitud asumida por la comunidad, se debe a que "ellos no quieren un puente colgante, sino uno vehicular, empero, señaló que una estructura de esa naturaleza tiene un costo aproximado de B/. 400 mil que no está presupuestado por el momento.
Añadió que luego de la caída del puente el pasado 7 de febrero, se apersonó nuevamente al lugar, planteándole a la comunidad una reparación de todo el piso, en donde en vez de usar madera sería con metal, de manera temporal hasta tanto se intentara conseguir otro vehicular.
Expresó que existen como testigos de este hecho, el propio legislador Lenín Sucre, el entonces alcalde Ovidio Herrera y unas 30 personas residentes del lugar, delante de los cuales los dirigentes de la comunidad prohibieron la reparación del puente, alegando que "preferían pasar por debajo del puente, hasta tanto el gobierno no se comprometiese a hacerles el puente vehicular".
Según Rubio esa es una decisión que está a los más altos niveles de la institución, por lo que dejó claro que por el momento el puente está clausurado "y no se le ha tocado ni una sola tabla por prohibición de los propios moradores".
Advirtió que si llegase a ocurrir una desgracia, salva su responsabilidad ante la intransigencia de la comunidad que exigen la construcción de un puente vehicular, que por muy rápido que fuese y en la mejor de las suertes, no demoraría menos de 10 meses entre la tramitación de documentos, la licitación y el inicio de la construcción.
Reiteró que la división de Panamá Oeste está dispuesta a reconstruir el paso colgante peatonal, siempre y cuando los moradores del lugar lo permitan, mientras se hacen las otras gestiones para el puente vehicular.
