Claudia Bárcenas, asesora legal del Consejo Municipal de Arraiján, informó que presentará formalmente su postulación para aspirar al cargo de Defensor del Pueblo.
Dijo que su iniciativa obedece a las grandes injusticia que hoy se viven en el país y que desea eliminar.
"Como primera ciudadana del sector oeste en aspirar a ocupar ese notable cargo, me he inclinado a presentar mis credenciales, porque poseo los atributos para defender los derechos y garantías individuales del panameño que generalmente son violados a diario por los sectores políticos y públicos de la sociedad civil", expresó Bárcenas.
La funcionaria criticó a quienes representan a la mayoría, por olvidar su verdadera función, proteger los derechos del ser humano y principalmente de los más necesitados.
"En nuestro país se violan diariamente los derechos constitucionales del ciudadano común, por lo que se requiere de personas con cualidades que garanticen la libertad y honra del panameño", sostuvo la asesora del Concejo.
De obtener el cargo, manifestó que luchará incansablemente para minimizar la mora judicial, con el fin de defender la libertad ciudadana de una persona que cumplió sus años de condena sin recibir un juicio justo y buscará los elementos que la provocan para presentar un plan ante las altas magistraturas judiciales del país en defensa de los que se le priva su derecho a la libertad luego de pagar sus deuda ante la sociedad civil.
En cuanto al ejercicio del periodismo, Bárcenas señaló que otro aspecto que la motivó a candidatizarse se debe al poco interés de los tribunales de justicia en defender la posición de un periodista, sin embargo, es condenado injustamente porque el honor y la honra de algún ciudadano se siente ofendido.
Indicó que el derecho a la libertad de expresión está establecido en la Constitución Nacional, que en nuestro país es violado constantemente por las amenazas de las autoridades, que muchas veces cometen corrupción durante sus funciones, y al momento de ser denunciados públicamente y con pruebas, buscan todos los mecanismos para condenar al periodista.
