PANAMÁ
El alcalde de Chame Víctor Juliao, dijo que resulta extraordinario que un proyecto ya licitado y adjudicado no hubiera tomado en cuenta en sus estudios previos el presupuesto necesario y su viabilidad.
El proyecto del Corredor de las Playas afectaría unas 450 fincas. Foto: Eric Montenegro
El recorte del 80% del primer tramo del Corredor de las Playas; La Chorrera- Santa Cruz en la provincia de Panamá Oeste, tomó por sorpresa a las autoridades del distrito de Chame.
La ejecución de esta obra solucionaría el atasco vial que cada fin de semana se registra en este distrito, producto del traslado de la población hacia las playas, afirmó el alcalde de Chame Víctor Juliao.
A criterio del alcalde, resulta extraordinario que un proyecto ya licitado y adjudicado no hubiera tomado en cuenta en sus estudios previos el presupuesto necesario y su viabilidad.
Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP) la adquisición de servidumbre en el contrato original establecía un presupuesto de 20 millones de dólares.
No obstante, en los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República precisan que el valor estimado de las indemnizaciones supera los 150 millones de dólares producto de la afectación de más de 450 fincas.
La reubicación de los servicios públicos alcanza los 90 millones de dólares en vez de los 39.5 millones de dólares que se tenían proyectados.
La opinión del alcalde es compartida por residentes de este distrito, quienes además cuestionan la decisión del gobierno de modificar el proyecto excluyendo al distrito de Chame.
Yaritzel Rangel, residente en Chame, insistió en que el recorte en el primer tramo del Corredor de las Playas, es “discriminar nuevamente el desarrollo de este distrito”.
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Este proyecto permitiría un mejor desplazamiento vehicular no solo los fines de semana sino también para fechas como: Carnaval y Semana Santa, indicó.
No obstante, en el 2019 los dueños de propiedades en Santa Cruz y El Espavé, que serían afectados por la construcción de la primera etapa de este corredor, ya habían advertido no estar dispuestas a entregar sus propiedades.
Según las evaluaciones realizadas para este proyecto, un 21% de las fincas que serían afectadas por este proyecto son viviendas, 22% predios de uso comercial y un 3% de uso institucional, específicamente escuelas.
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