Luego del derrame de petróleo que hubo en la bahía de Chiriquí Grande, las medidas legales que se han tomado en contra de la empresa pueden afectar a la comunidad baruense.
Empleados de la PTP, Cámara de Comercio de Barú, autoridades locales, funcionarios municipales y la sociedad civil, protestaron para exigir que el abogado demandante desista de sus medidas, el juez levante el secuestro para evitar que este distrito sufra otro golpe económico y que el Gobierno intervenga.
Un total de 40 funcionarios del Municipio de Barú están en peligro de perder sus empleos si esta empresa cierra operaciones. Ya no hay dinero en el Municipio de Barú para completar la planilla de la última quincena de junio y mucho menos el décimo tercer mes.
Cerca de 16 mil 667 dólares recibe este municipio en concepto de impuestos que paga PTP, por las actividades que se llevan a cabo con el trasiego de petróleo.
Los funcionarios del municipio desconocen si este monto se pagará ahora en el mes de julio, en caso de continuar con la medida de secuestro.
Franklin Valdés, alcalde de Barú, manifestó que hay una gran preocupación en el distrito porque ahora PTP es la única empresa que aporta más impuestos a este municipio, que representa el 20% del presupuesto anual.
"Al perder esta cantidad vamos a tener que prescindir del 50% de los empleados, porque es un impuesto fijo y las futuras proyecciones del distrito se verán afectadas", dijo.
En tanto, Harley Mitchel, del Departamento de Asesoría Legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), adelantó que el proceso administrativo contra la PTP está en su fase final de evaluación, para presentar el respectivo informe.
Sostuvo que luego de que los técnicos de la entidad hicieron su evaluación del derrame de combustible, dieron "indicios" de que hubo grandes daños y cuando es así, la sanción es superior a los B/. 10 mil.
Cuando el monto de la multa pasa dicha cifra, el caso lo evalúa la administración general de la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, y no así las sedes regionales.
En tanto que el fiscal Segundo Superior, José Enríquez, manifestó que el Ministerio Público sigue con la investigación.
Señaló que están a la espera de que a las entidades gubernamentales que les compete atender este caso, rindan su informe, para luego trasladar el expediente a la Fiscalía Ambiental en Chiriquí.
Por su parte, el presidente de la República, Martín Torrijos, señaló durante la reunión del PRODEC, realizada en Río Sereno, que en el caso de la PTP debe prevalecer el interés de los panameños sobre los intereses individuales.
Alegó que tanto la ANAM como el Ministerio de Salud han hecho su trabajo y han realizado las respectivas evaluaciones sobre el caso.
Manifestó que espera que pronto el sistema de justicia emita sus consideraciones al respecto.
La mayor preocupación de los residentes de Barú es la construcción de la refinería, ya que los empresarios de este megaproyecto pretendían utilizar parte de las instalaciones de PTP para el almacenamiento del crudo.
Para el mes de julio, esta empresa iba a iniciar la construcción de cinco tanques de petróleo para enviarlos a Brasil y a la India. Representaban un impuesto adicional en las arcas del municipio.
