El reciente caso de reyerta escenificado en la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, reafirma que la violencia en las calles se incrementa en las cárceles.
El pasado fin de semana, dos primos fueron asesinados, Ariel De La Espada, de 20 años, y su primo Julio César.
En el mismo tiroteo resultaron heridos otros tres privados de libertad.
El director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, señaló que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, investigar.
Afirmó que a pesar del trabajo de depuración constante, algunas unidades de la Policía y custodios se prestan para actos de corrupción.
“Hay inspección casi a diario en las celdas, pero siempre se encuentran armas y celulares, entre otros artículos”, dijo.
Añadió que se trata siempre de poner orden, pero hay quienes se empeñan en seguir viviendo con el desorden.
De acuerdo al sociólogo Gilberto Toro, hace falta una política integral más eficiente.
Miembros de diferentes organizaciones civiles consideran que el problema de los centros penitenciarios se debe a la “falta de responsabilidad” del Gobierno, que no encara el tema de manera “prioritaria.
El psicólogo Israel Quintero agregó que a los únicos que no revisan son al personal de custodia y a los miembros de la Policía Nacional.
Indicó que quienes visitan a los privados de libertad no les permiten introducir celulares, objetos de lata o vidrio. Le revuelven los alimentos en busca de sustancias ilícitas y en el peor de los casos, revisan a las personas hasta en sus partes íntimas, aunque al final, siempre encuentran armas.
La docente Martha Griffith aseguró que la introducción de armas a los penales es responsabilidad de los funcionarios que trabajan allí.
Las reyertas en las cárceles públicas de nuestro país, ya es cosa de todos los días. Integrantes de bandas rivales se pelean el dominio en la cárcel Nueva Esperanza.
Cristóbal Góndola, director de este centro, dijo que están apenas investigando, y ya mantienen al supuesto responsable y cuatro armas de fuego.
Manifestó que a pesar de que intenta cambiar este clima de violencia, siempre habrá quienes irrumpen la paz.
La pregunta repetitiva es ¿cómo entran las armas de fuego?
Algunos familiares de los reos denunciaron que para llevar a un interno a juicio deben pagar 40 dólares a los policías que lo trasladan, aparte de otros gastos, solo para ir a declarar.
Las autoridades del Ministerio de Gobierno deben darle una solución urgente al centro, con capacidad para 1400 privados de libertad.
No es la primera vez que ocurren reyertas en este centro penitenciario, donde inclusive se han asesinado en otras ocasiones.
