La medida, que llevan a acabo en su mayoría nativos de la etnia ngäbe, busca limitar el acceso a los trabajadores del proyecto hidroeléctrico y paralizar el avance del mismo.
Una comisión que representa a unas 500 personas afectadas por la falta de pago esperaba mantener reuniones con representantes del proyecto, sin embargo, ellos denuncian que las negociaciones se han ido dilatando, ya que unos pocos han sido beneficiados con el pago.
Por otro lado, en la provincia de Bocas del Toro, al momento, no se reportan cierres de calles.
