- 5 meses han transcurrido, en los cuales la vida de unos 2,000 trabajadores de Pesé ha cambiado radicalmente.
@ThaysDom
Sin conversaciones, notificaciones o diálogo con representantes del Gobierno se encuentran los directivos y trabajadores cesados de la empresa cañera Campos de Pesé, la cual cerró operaciones en campo a mediados de noviembre.
Entre los extrabajadores y los pocos que quedan en la empresa no hay más que preocupación y tristeza, ya que no saben cómo celebrarán las fiestas de fin de año.
“No tenemos más opción para laborar en el área, quién les va a dar trabajo a dos mil personas”, cuestionó Jorge Mendoza, trabajador de Campos de Pesé, a Panamá América.
“Esperábamos que el presidente Varela nos diera una respuesta, pero lamentablemente no nos cumplió. Él sabe bien cuáles son los costos de la materia prima para sacar un litro de alcohol”, dijo Mendoza.
La vida para Jaime Caballero, extrabajador oriundo de Macaracas, ha cambiado de forma radical en los últimos 5 meses, ya que de la empresa dependía el tratamiento médico de su hija.
Caballero reside en la barriada Omar Torrijos, un área donde la mayor parte de las personas se benefician directa o indirectamente por las operaciones de la empresa.
Hay pequeños negocios como abarroterías, venta de comida y hospedajes que han tenido que ser cesados, ya que no hay trabajadores a quien ofrecerles el servicio.
“Nuestros pequeños negocios han caído, todo está paralizado en este pueblo desde que empezó el problema de la vinaza y la atrazina”, dijo Caballero.
“Estamos económicamente muy mal, quién va a responder por nosotros ahora”, se cuestionó.
A juicio del coordinador ambiental de la empresa, Richard Lao, la comunidad de Las Cabras de Pesé ha sido olvidada por las autoridades desde que se inició el proceso contra la empresa por su supuesta participación en la contaminación del río La Villa con atrazina, el pasado mes de junio.
“La planta de etanol está paralizada por tiempo indefinido, despidos, cumpliendo lo establecido en las regulaciones y tristeza entre trabajadores que ya partieron y en los pocos que quedan, ese es el panorama de esta empresa”, dijo Lao.
Según trabajadores, nadie del Gobierno se pronuncia
Richard Lao, coordinador ambiental de la empresa, aseguró que desde el cierre ningún representante del Gobierno se les ha acercado pidiendo explicaciones, ni siquiera del Ministerio de Trabajo, para conocer sobre las cerca de 2,000 plazas de empleo perdidas en la región.
“Tampoco el Mida preguntando qué vamos a hacer con las 4,000 hectáreas de caña sembradas. Nada por parte del Gobierno, nada”, lamentó Lao.
La empresa posee sembradíos de caña en Las Cabras, Santa María y Ocú, en Herrera; Aguadulce, en Coclé, y El Guayabal, en Los Santos, por lo que se preguntan qué se hará con tanta caña si no se pueden renovar las operaciones.
“Se trata de afectaciones económicas sumamente impactantes. Pero con este precio que nos han establecido, no vemos que a la empresa le quede otra salida”, manifestó Lao.
Precio asignado por el Gobierno no cubre costos para producir etanol
La empresa Campos de Pesé anunció su cierre indefinido, debido a que el precio fijado por el Gobierno para el biocombustible no cubre los costos de producción, lo que impide a la empresa seguir operando.
Se trata de una crisis que se inició con la vinculación de la empresa con atrazina, lo que originó un proceso legal que se encuentra en proceso, y por el cual tres personas son señaladas como presuntos responsables.
Por esta situación, gran parte de los moradores de la barriada Omar Torrijos –unos 250 habitantes- dependen de Campos de Pesé, entre ellos algunos pacientes encamados que reciben subsidios y ayudas económicas por parte de la empresa cañera.
Campos de Pesé invirtió hace tres años unos $100 millones en la ampliación de sus operaciones y adquisición de una destilería, atraídos por la producción de biocombustible.
El 19 de agosto de 2014, el gabinete decidió reducir el precio del etanol en casi un 40%, alterando las reglas del juego.
