Tras cinco horas de audiencia, el Juzgado de Garantías de la provincia de Herrera ordenó la detención provisional de cinco extranjeros, indiciados en un supuesto acto de extorsión contra un empresario.
De igual forma, se ordenó depósito domiciliario a los abogados del área Manuel Ávila y Diomedes Corrales, también señalados.
La jueza de garantías, Zeddy Ureña, legalizó la imputación de cargos de extorsión y asociación ilícita para delinquir a los venezolanos Pedro Aristimuño y Víctor Barbosa, y a los nicaragüenses Yamil Moreno, Yasser Soto y Pedro Acevedo.
Según lo señalado por el Ministerio Público, los abogados panameños y los cinco extranjeros solicitaron el pago de 50 mil dólares por cada trabajador o de lo contrario la empresa y su propietario serían acusados de trata de personas.
La fiscal superior, Enereida Barrías, indicó que desde inicios del mes de agosto se dieron operativos encubiertos y de seguimiento relacionados con este caso, tras la denuncia de los representantes de la empresa por la supuesta extorsión.
