El pago de una fianza de cumplimiento para la venta de licor enfrenta a empresarios de todo el país y al Gobierno, al punto que hoy comerciantes del interior realizarán un piqueteo en la Corte Suprema y presentarán una demanda de inconstitucionalidad en contra de este cobro.
A dos semanas de que venza el plazo para pagar la fianza que garantiza el orden público en sus locales, solo un 10% a nivel nacional la ha consignado.
Ante esta situación, Marlaine Tuñón, directora general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), afirmó que a los propietarios de bares, discotecas, jorones, jardines, casas de ocasión y similares se les ha dado la oportunidad de aportar su fianza, a más tardar, el 31 de mayo, y no habrá prórrogas ni reducción de montos.
José Noriel Vega, vocero de los comerciantes, dijo que la medida que tomarán hoy busca suspender la ley que acabará sus negocios.
“El salario mínimo subirá y ahora debemos pagar una fianza. No podemos más con los costos”, dijo Emilio Vargas, gerente de un bar en Chitré.
Según el Mici, 28 de los 2 mil 809 locales de expendio de licor del Nivel 2 han cumplido con este requisito: 18 en la provincia de Panamá, 4 en Coclé, 4 en Veraguas y 2 en Chiriquí.
Y es que, pese a las visitas que el Mici ha hecho a los dueños para explicarles la Ley 5 del 11 de enero de 2007 y su reglamentación que fija fianzas (ver cuadro), estos se muestran reacios a hacer el desembolso.
Algunos casos
Solo dos empresas han cumplido con el depósito de la fianza en Chiriquí, pero autoridades del Mici ya han anunciado que desde el 1 de junio visitarán los locales para verificar el cumplimiento. “Al negocio que no haya pagado se le hará un proceso que podría terminar en la cancelación de la licencia de operación”, aseguró el director regional, Rodrigo Rodríguez.
En Herrera la situación es parecida. Ninguno de los negocios obligados al pago lo ha hecho, pues sus propietarios dicen que la divulgación de la ley ha sido poca y pone en peligro la estabilidad de sus negocios.
El Mici de Bocas del Toro, por su parte, visitó 25 comercios afectados por la ley para recordarles la fianza. Sin embargo, se detectaron anomalías y algunos comercios fueron advertidos que de no tener a inicios de junio todo en regla, serán cerrados.
