Para los comerciantes, las autoridades panameñas no velan por los derechos de los panameños, si no de los extranjeros quienes están vendiendo productos en diferentes puntos en territorio panameño.
No descartan efectuar medidas de presión. Foto: José Vásquez.
Un grupo de aproximadamente 30 comerciantes informales protestaron este martes en el sector comercial de Paso Canoas en el distrito de Barú en la provincia de Chiriquí, para exigirle a las autoridades que les vuelvan a ubicar en los espacios que usaban antes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
“No niegan el derecho al trabajo, a los vendedores informales y los que se dedican al cambio de dinero en las instalaciones de Aduanas y alrededores donde las autoridades nos solicitaron desalojar hasta que finalizara la Jornada Mundial de la Juventud, pero ahora no quieren permitir regresar y se tiran la bola unos a otros”, afirma Cristina Concepción una de las comerciantes informales afectada.
Concepción asegura que son aproximadamente 30 familias las afectadas y ahora las autoridades señalan que para permitir nuevamente los puestos de venta, están pidiendo a las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras un permiso del municipio de Barú y en el municipio aseguran que no son ellos los responsables de la acción de los uniformados.
Señala que la mayoría se dedican a la venta de frutas y debido a las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Salud de restringir la venta informal por los peregrinos fue que aceptaron retirarse, pero ahora se les impide regresar a sus puestos de trabajo.
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Los comerciantes informales están pidiéndoles a las autoridades que les den respuesta, ya que de lo contrario, no les quedara otra medida que cerrar la frontera en Paso Canoas hasta que se les dé una solución. Abdiel Quintero Núñez, señala que el único que les puede resolver de forma directa este problema es el alcalde del distrito de Barú, Franklin Valdés quien no ha mostrado interés por resolverles el problema que actualmente enfrentan.
Finalmente señalan que las autoridades panameñas no velan por los derechos de los panameños, si no de los extranjeros quienes están vendiendo productos en diferentes puntos en territorio panameño y a ellos no se les impide ejercer el comercio informal.
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