Congreso General pide que se respeten leyes tradicionales indígenas

Miembros del congreso general Ngäbe-Buglé y de diferentes organizaciones se reunieron ayer, sábado, y sostuvieron que el tradicional castigo conocido como el Cepo sea ilegal, ya que es propio de las costumbres de la comarca.

Higinio Salinas, presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Congreso General Ngäbe-Buglé, senaló que el cepo es una tradición milenaria, una herencia ancestral y que el código procesal penal faculta autoridades indígenas a administrar su propia justicia.

"El cepo no es una tortura, es un castigo tradicional que data de miles de años, esta no es la primera vez que se aplica", aseveró Salinas.

Agregó que por tratarse de este señor (Demecio Cases, expresidente del Congreso General) se ha escandalizado todo, pero las tres personas admitieron haber sido partícipes de dicho acuerdo que ya se ha anulado, lo que fue repudiado por la población", señaló Salinas.

En cuanto a la investigación que ha iniciado el Ministerio Público, los miembros del congreso general aseguraron que este organismo ejerce su propia acción de oficio, pero que se respeten las leyes tradicionales de la comarca.

Para Saturnino Venado, quien es actual presidente asignado del Congreso General Ngäbe-Buglé, luego de una asamblea realizada a principios del mes de marzo en Llano Tugrí, señaló que no es verdad que exista una lista de personas para ser castigadas en el cepo, ya que la población decidió que estas eran las que deberían recibir el castigo.

"Las personas que desconocen de nuestras tradiciones lo ven como algo fuera de lo normal, pero no es más que una decisión de la población cuando algo se ha hecho mal", manifestó Venado.

Añadió que "debe recibirse un castigo, ya que la población desconocía los tratos que se estaban dando con esta empresa china", subrayó el cacique encargado.

Los dirigentes explicaron, además, que producto de este castigo no hay secuelas y que estas personas estuvieron no más de 2 horas inmóviles y siempre bajo la supervisión de otras personas que observan muy de cerca la condición de salud de la misma.

Raúl Montezuma, miembro del congreso general, aclaró que todo nace por las decisiones que tomaron estas personas de adquirir en nombre del congreso y la comarca negocios en cuanto a la explotación de recursos naturales.

El congreso, conformado por 250 delegados para el 7 de marzo en Llano Tugrí, removió la junta directiva y a su vez decidió anular el acuerdo firmado por estas personas y nombrar una comisión para que le dé seguimiento al tema.

El Ministerio Público en Chiriquí inició una investigación en la comarca Ngäbe-Buglé, tras recibir denuncia formal por dirigentes y autoridades de esta etnia, quienes aseguran haber sido víctimas de agresión por parte de residentes de esta comunidad.