La resolución del Tribunal Superior de Trabajo que decretó nula las elecciones del Sindicato de Taxis de Vista Alegre carece de fundamento legal, porque en el proceso de elección se cumplió con todos los requisitos que exige la ley, señaló Rubén Quintero, secretario general del sindicato.
De acuerdo con Quintero, el gremio cumplió con las normas del Código de Trabajo, el cual establece que el 25 por ciento, que representa las tres terceras partes de los agremiados, puede convocar a una Asamblea General para elegir a los integrantes de la Junta Directiva.
Aseguró que antes de convocar a asamblea general, el sindicato consultó con todos los estamentos del Ministerio de Trabajo encargados de organizar el proceso de elecciones gremiales para no cometer errores y ahora les sorprende el pronunciamiento ilegal de esa entidad.
Para anular las elecciones, el tribunal se basó en los estatutos del sindicato, principalmente en la elección de aquellas personas del Tribunal Electoral que según la institución, estaban obligadas a pertenecer al sindicato, sin embargo, el gremio decidió nombrar miembros independientes.
También se consideró ilegal que el gremio organizara el proceso de elección en menos de las 6 semanas estipuladas en los estatutos, pero según el dirigente, la norma no es tajante en el cumplimiento del tiempo.
Por su parte, los representantes legales de la organización han analizado la resolución y los puntos que declaran las elecciones nulas y hasta la fecha no encuentran elementos sustanciales ilegales en el proceso de votación, puntualizó Quintero.
Reiteró que para garantizar unas elecciones diáfanas y transparentes, ellos buscaron personas que no pertenecieran al gremio de taxista de Vista Alegre, porque el numeral 6 de los estatutos del sindicato no especifica que los miembros pertenezcan al gremio.
Indicó que los integrantes del gremio convocaron a una asamblea general con carácter urgente, para elegir una Junta Directiva Provisional, al margen de la ley, ya que, lo que se quiere evitar, es cometer faltas en la interpretación o incumplimiento de los requisitos y se anulen las elecciones nuevamente.
Para coordinar los trámites correspondientes a la convocatoria de las nuevas elecciones y no cometer ningún tipo de fallas que sean causales de impugnación, el grupo ya se reunió con el jefe de Asuntos Internos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, autoridad competente para los procesos de índole sindical, puntualizó Quintero.
