La Contraloría General de la República procedió a suspender el refrendo del contrato por medio del cual el Municipio de La Chorrera, pretende por segunda vez vender 7.2 hectáreas de terreno.
La suspensión por parte de la Contraloría obedece a que el refrendo no cumple con los requisitos legales que establece la ley de contratación pública.
Sobre el tema, el legislador Roberto Abrego, señaló que luego que el Consejo Municipal aprobó una nueva venta de las 7.2 hectáreas del corregimiento de Playa Leona, recabó toda la información pertinente a dicho contrato a fin de verificar la legalidad o no de ésta última venta.
Agregó que desde un principio, manifestó que el municipio no podía hacer la venta de manera directa, ya que existe una ley general de contratación pública, que es la Ley 56, a la cual deben ceñirse todas las instituciones del Estado.
Recalcó que lo más alarmante es que el Concejo se base en un acuerdo de 1981, donde el valor asignado para a las tierras era de B/.1.00 el metro cuadrado, "cuando todos saben que el costo comercial de esas tierras hoy día no baja de B/. 5.00 el metro cuadrado".
Abrego mostró una nota del 22 de enero de 1999, que lleva la firma del director general de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Economía y Finanzas, Alexis Zuleta A., donde solicita al contralor, Gabriel Castro, la suspensión del refrendo del contrato de venta, porque a juicio de ésta dependencia, no se está cumpliendo con los requisitos.
La petición fue respondida por el Contralor el 22 de enero de 1999, con la indicación de que están procediendo a suspender el refrendo hasta tanto se culmine con las investigaciones, haciendo constar que por el momento la Contraloría no ha procedido a realizar ningún avalúo en los terrenos que son objeto de dicho contrato.
A juicio del çbrego, el contrato no cumple con la ley de contratación pública por lo que perjudica los intereses del Municipio y de los chorreranos.
Señaló que el contrato de venta con el que se pretende nuevamente vender las 7.2 hectáreas de terreno, tiene que hacerse de conformidad a lo que establece la Ley 56 de contratación pública, y debe someterse a una licitación pública y la Contraloría deberá hacer una evaluación conjunta previa con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los terrenos que se pretenden vender son de gran valor comercial, por cuanto que están ubicados en el área de la autopista Arraiján-La Chorrera.
