Los palancas de las diferentes organizaciones del transporte en la provincia de Chiriquí se mantienen encadenados, desde la tarde del pasado martes, en la entrada a la Casa de Gobierno.
Los manifestantes están a la espera de respuesta por parte del Gobierno, por lo se declararon ayer en huelga de hambre, tras considerar que fueron engañados por el gobernador Miguel Angel Fanovich y la alcaldesa del distrito de David, Evelia Aparicio de Esquivel.
La medida fue adoptada después de una reunión en la que no se logró un acuerdo con las autoridades y las partes en conflictos.
Los trabajadores del volante aseguraron que las autoridades se habían comprometido a adoptar una resolución en cuanto a la cancelación de los certificados de operación otorgados de manera ilegal y por otro, la ratificación al nuevo encargado Mario Barría.
Un vocero de los manifestantes señaló que solicitaron la conformación de una comisión consultora que será integrada por representantes del gobierno, el Defensor del Pueblo y los palancas.
Durante toda la noche los protestantes pernoctaron frente a la Gobernación Provincial, con el propósito de presionar a Fanovich, para que impida el ingreso a la institución del director regional del Tránsito, Lino Pittí y además, no se le permita firmar ningún otro documento hasta que sea ratificado oficialmente el nuevo encargado, Mario Barría.
Los palancas reiteraron que continuarán su lucha hoy con una marcha por las principales avenidas y amenazaron con cerrar, en el transcurso del día y por segunda vez en la presente semana, la vía Interamericana a la altura del puente sobre el río Risacua.
Al igual que los conductores de taxi, los transportistas de las diversas rutas en Chiriquí manifestaron su inquietud por la proliferación de certificados de operación y advirtieron que apoyarán a sus colegas del sector selectivo.
Por otro lado, los administrativos, instructores y educandos del Instituto Nacional para la Formación Profesional (INAFORP) en el distrito de David, cerraron las puertas de entrada de la institución, como medida de protesta, por los más de 28 despidos efectuados a partir del día 1 de noviembre del año en curso.
La instructora Itzel Caballero, vocera de los afectados, indicó que la decisión del cierre obedece a que un 62% de los funcionarios de esta institución fueron destituidos de sus puestos de trabajo.
Recalcó que estos puestos en INAFORP no son de tipo político, puesto que los instructores tienen que pasar por un proceso de evaluación para determinar si son aptos para tales funciones.
Señaló que hasta la fecha no se han respetado los reglamentos internos de la institución.
Caballero añadió que para efectuar estas destituciones, tiene que haber una causal que indique que han cometido faltas o que no son aptos para tales funciones.
Aseguró que hasta el momento desconocen si ya tienen a los nuevos instructores para desempeñar las funciones de los destituidos.
La vocera aseveró que muchos han sido destituidos, sin embargo, las cartas de despido han sido retenidas hasta que algunos de ellos terminen con sus cursos.
Entre tanto, miembros del área administrativa manifestaron que no van a permitir destituciones, por lo que mantendrán las puertas de INAFORP cerradas, hasta que las autoridades gubernamentales de la provincia se acerquen al lugar y den solución a estos despidos.
