La Coordinadora Victoriano Lorenzo, integrada por unas 16 barriadas de las áreas revertidas en Arraiján, rechaza la ley que sancionó la presidenta, Mireya Moscoso, donde se otorgan a título gratuito, terrenos públicos a la empresa privada para el desarrollo de proyectos de interés social, señaló el secretario general de la organización, Pablo Martínez.
No obstante, muchos panameños que viven en condiciones infrahumanas no tienen capacidad de financiar una vivienda de interés social en proyectos privados, cuyo costo mínimo es de 12 mil balboas, por lo que el Ministerio de Vivienda (MIVI), debería garantizar programas de lotes servidos para beneficiar a los más necesitados, puntualizó.
Agregó que muchas organizaciones populares, se han apropiado de terrenos del Estado, en las áreas revertidas, ya que es el medio para garantizar un "pedacito de tierra donde vivir, porque jamas se les brindó una solución".
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