Coclé. Un urgente llamado hacen los moradores de El Caño a las autoridades municipales, legisladores y MOP, para que mejoren la ruta entre la capilla de El Caño y las instalaciones del museo arqueológico ubicado en esta población, bajo la administración del INAC, debido al mal estado que presenta la vía, la cual es utilizada por turistas nacionales y extranjeros que acuden a visitar el museo arqueológico precolombino descubierto en este lugar.
Según, los quejosos hace unos doce años fue la última vez que se arregló esta vía y hasta la fecha no hay manera para que se ocupen de este sector tan importante.
Pidió a los jóvenes que se aparten de las drogas, por que se dijo que el sujeto que mató a Juancito estaba bajo los efectos de las sustancias ilícitas.
Toda la comunidad de Puerto Escondido que lo vio crecer como un niño sano, exigen que el peso de la ley caiga sobre el inhumano sujeto, plenamente identificado, por que pudo ser otros de los niños que al igual que Juancito pudieron caer.
Sólo deja de asistir a sus clases los días en que se encuentra en alguna crisis de dolor, pero cumple al pie de la letra las indicaciones de su maestra, inclusive hasta sus compañeros, quienes ya han aprendido a aceptar a Larissa tal como es. Juega con sus amigos y hasta desea volver a subir una bicicleta.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
