Todo parece indicar que el único lugar de esparcimiento en Veracruz está a punto de desaparecer, al conocerse el anuncio de un posible lanzamiento de unos 32 microempresarios propietarios de ranchos en el área.
La denuncia fue formulada por el presidente de la Asociación de Propietarios de Ranchos, Eduardo Ureña, quien aseguró que la orden emanó de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), para otorgárseles en concesión a un consorcio extranjero.
Ureña denunció que el propio administrador de la ARI, Alfredo Arias, en conversación telefónica con el legislador Vicente Magallón y en presencia de los miembros de la junta directiva de la asociación, manifestó que los permisos para la electrificación del área de la playa estaban clausurados, ya que esto complicaría más el lanzamiento de los pequeños comerciantes.
Indicó que antes de revertir las áreas de la playa al país, presentaron la solicitud correspondiente al entonces administrador de la ARI, Nicolás Ardito Barletta, sin embargo, hasta la fecha no han obtenido una respuesta definitiva en sus demandas.
Según Ureña, la ley 5 de 1993 que regula el manejo de las áreas revertidas establece en su artículo 44 que la primera opción de compra, es para aquellas personas naturales que al 30 de junio de 1992 ocupaban la tenencia de un lote de terreno en los polígonos desafectados, con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
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