Unas 100 familias que invadieron por segunda ocasión, ocho hectáreas de terrenos propiedad de la familia Montoto, localizados en el sector Bajo Las Palmas, distrito de Arraiján, fueron desalojados por orden de la corregidora Suhey Magallón, en coordinación con unidades de la Policía Nacional.
Funcionarios de la corregiduría y los propietarios de las tierras, con martillo en mano, procedieron a desmantelar las viviendas improvisadas de condiciones temporales y algunos ranchos de pencas y cañazas, dejando a la intemperie a varias familias que residían en el lugar.
Los invasores, a quienes se les impidió el acceso al área del conflicto, se mantenían en la calle observando cómo las viviendas eran derribadas y sus enseres tirados.
Unidades Antidisturbios, a cargo del comisionado Víctor Casanova, se colocaron en fila alrededor de las tierras para establecer un cordón de seguridad, impidiendo el acceso, incluso a las cámaras de televisión y a los periodistas de diferentes medios de comunicación que intentaban cubrir el acontecimiento.
Posteriormente se presentó el abogado de los invasores, Jacinto González, quien en compañía de algunas familias desalojadas, se dirigió al juzgado del circuito de La Chorrera para investigar por qué se había ordenado el lanzamiento de las tierras a pesar de haber presentado una solicitud de preinscripción aún sin resolver.
No obstante, uno de los afectados, Fernando Gutiérrez, expresó que su familia y cuatro hogares más fueron desalojadas de los terrenos de la barriada del Gringo, por lo que el alcalde de Arraiján, Jaime Barroso, les había brindado albergue temporal en el lugar hasta tanto solucionaba el problema habitacional.
Sin embargo, y pese a los argumentos, aseguró que la corregidora derribó su vivienda.
Explicó que desconoce las razones por las que se procedió a lanzarlos del lugar sin que se les permitiera reubicarse, quedando ahora sin un lugar a donde ir.
A eso de las 4:30 de la tarde, el personal de la corregiduría encabezada por Magallón, abandonaron los terrenos en una patrulla.
En ese lapso, una de las invasoras se le encimó a la propietaria de las tierras, Adynadia Montoto con intención de agredirla, pero la Policía impidió el enfrentamiento.
No obstante, las unidades Antidisturbios se mantuvieron en el lugar.
Por otro lado, la propietaria de los terrenos explicó que son los legítimos dueños de los terrenos, por lo que sus abogados llevan a cabo el juicio de sucesión en un juzgado.
Mencionó que adeudan al Estado B/.10 mil, sin embargo, anualmente realizan los respectivos pagos de casi B/. 1,500 y en su poder tienen los recibos de comprobante del Ministerio de Economía y Finanzas.
Agregó que una vez culmine el trámite legal del juicio de sucesión procederá a vender parte de los terrenos y el resto se repartirá entre la familia que tienen una necesidad habitacional.
Se intentó entrevistar a la corregidora Suhey Magallón, pero se negó a ofrecer declaraciones.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
