Más de 200 precaristas que invadieron 120 hectáreas de la finca 33691, localizada en el sector de Cerro Castilla, corregimiento de Burunga en Arraiján fueron desalojados de forma pacífica, luego de tres horas de negociaciones entre representantes de la Defensoría del Pueblo, el propietario de las tierras y unidades del orden público.
Según dirigentes de los precaristas, las tierras que pertenecen al Estado fueron vendidas a un consorcio de forma arbitraria, sin embargo el representante legal de la empresa, asegura que cuenta con los documentos que acreditan a sus clientes como propietarios.
En medio de las dos partes se encuentra el corregidor del lugar, Tolentino Soto, quien afirmó que en base a la resolución 419 del 28 de agosto de este año, expedida por la Corregiduría de Arraiján cabecera, cumple con la ley de ejecutar la orden de lanzamiento.
Señaló que a los dirigentes de los precaristas se les venció el plazo otorgado para que realizaran todas las investigaciones pertinentes y aún no le han presentando una orden judicial emitida por las vías ordinarias, para que fuera suspendido el lanzamiento.
Reiteró que los propietarios entregaron dos certificaciones del Registro Público que los acredita como dueños de los terrenos, por lo que sólo le corresponde aplicar la ley.
VENTA ARBITRARIA
Carlos Castillo, dirigente de los precaristas aseguró que siempre han respetado las tierras del Asentamiento de Cerro Castillo pero de la noche a la mañana les ha sorprendido que los terrenos fueron vendidos después de 28 años de mantenerse desocupados.
Añadió que cuentan con documentos para probar que las tierras fueron vendidas con arbitrariedad, porque se ha comprobado que son del Estado, pues pertenecen al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) como lo establece la resolución del 7 de mayo de 1985, registrado en la finca N° 779 tomo 17 folio 122.
Castillo advirtió que no permitirán que un consorcio se quede con los patrimonios de Burunga, al tiempo que dijo que en esa comunidad existen familias de condiciones precarias carentes de una solución habitacional urgente, por consiguiente no desistirán de los terrenos y seguirán investigando para aclarar la verdad de la injusticia cometida en las ventas de las tierras del Asentamiento Campesino de Cerro Castillo.
PROPIEDAD PRIVADA
Entre tanto Bertilo Santos, representante legal de la Sociedad Anónima Albar Inmobiliaria del Oeste, dijo que al corregidor se le entregaron los títulos de propiedad de las tierras y se les ha notificado a los precaristas que invadieron una propiedad privada y lo mejor es que se retiren para evitar la violencia.
Agregó que los precaristas han abusado de la autoridad del corregidor y ya se dictó la resolución de lanzamiento por intruso y lo único que resta es ejecutarla, pues se le ha brindado el suficiente tiempo para investigar el estatus de las tierras.
