Según una funcionaria de la Cruz Roja Internacional, Sandra Flores, esa es la situación que se vive en la actualidad en la provincia de Darién con la llegada de grupos desplazados de Colombia.
De acuerdo con datos obtenidos por El Panamá América, de los 224 desplazados adultos censados en el 2001, un 25.3% contaba con un nivel educativo entre primer y tercer grado. En tanto, 93 tienen entre cuarto y sexto grado.
Mientras que de 1,001 jóvenes registrados, un 14.4% cursaban entre el primero y tercer año; 81 cursaban entre cuarto y quinto año y sólo uno había terminado el sexto año.
De esta cifra, 223 no habían ingresado a la escuela. De esas 116, un 13.12%, declararon no haber ingresado nunca a un plantel y de 143, un 16.17%, eran menores de 0-5 años.
Ninguna persona se registró como estudiante universitario o egresado de alguna universidad colombiana. Flores precisó que esta entidad organizó las comunidades para la construcción de las escuelas Payita, Matugandí, Sobiaquirú, además se reabrieron los planteles de Paya y Punusa que estaban en muy malas condiciones. También recibieron apoyo en útiles escolares y mobiliario.
222 En esta tierra al menos no tenemos “la zozobra que van a llevarnos a nuestros hijos para la guerra, violar a las mujeres, matarnos o saquear las casas", expresaron.
Por su parte, la directora regional de Educación, Mélida Asprilla, señaló que este año se han abierto tres nuevas escuelas en la región del Tuira y pueblos fronterizos, donde la mayoría de sus alumnos son desplazados.
Mencionó que igualmente se han reabierto las escuelas de Paya, Punusa y Púcuru cerradas desde 1998, porque los docentes temían a la violencia generada por la guerrilla.
En las tres nuevas escuelas Sobiaquirú, Matugandí y Payita se han nombrado nueve docentes titulares y hay 190 estudiantes que cursan desde el primer a sexto grado de la primaria, explicó.
Agregó que también se están atendiendo los jóvenes de primero a sexto año en los primeros ciclos y básicas de Jaqué, Sambú, Garachiné, El Real, Yaviza y los IPT de La Palma y Metetí, dependiendo de su ubicación y facilidades para internarse y sufragar los gastos de estudios.
Asprilla añadió que hay jóvenes desplazados estudiando ebanistería, contabilidad y electricidad. Los desplazados viajan desde Juradó, Pueblo Viejo, Quibdo, Río Sucio, Valle Solano, Montería, Urabá, Chocó, Carete, Chigoró, La Bonga, Turbo, Acandí, entre muchos otros pueblos fronterizos.
De 884 personas, 128, un 14.4%, eran agricultores; 139, un 15.70%, eran amas de casa y agricultoras.
En tanto, 499 estudiantes cursaban primer a quinto año de la secundaria, reflejando un 54.40%; mientras que de 17, un 1.7%, se agitaban en la pesca; cuatro eran carpinteros, es decir un 0.4% y el resto se dedicaban a la costura casera, comercio, aserradores de madera y trabajadoras del hogar.
Sólo una persona se registró como educadora de grado y 83, un 9.38%, no registraron sus ocupaciones.
De este total, 143 eran niños entre 0-5 años y 26, un 2.9%, dijeron desconocer sus ocupaciones.
"Lo que sí nos gusta es que los niños y jóvenes se han incorporado a las escuelas primarias, primeros ciclos y secundaria, esto es un avance importante, porque cuando la guerra termine los estudiados pueden ayudar a sus paisanos en Colombia enseñándolos a leer y escribir", añadió.
Según un desplazado de apellido Pino, "todos estamos conscientes que recibimos ayuda o apoyo temporal, que la tierra es del Estado panameño y que algún día debemos regresar a nuestro país".
Sin embargo, en este momento "no tenemos la zozobra que van a llevarnos a nuestros hijos para la guerra, violar a las mujeres, matarnos o saquear las casas". A pesar de que ya no se enfrentan a la tragedia de poder perder la vida en su pueblo natal en cualquier momento, aún hay algo que los mantiene apesadumbrados.
"Todavía no tenemos el status de refugiados, seguimos siendo desplazados, a pesar de tener varios años de vivir en Panamá y aunque a nivel internacional, ya debemos ser considerados refugiados, todavía el Gobierno panameño no lo ha hecho", señalan.
Por su parte, Yinsen Arroyo, representante de Yape, manifestó que el problema de los desplazados en el Tuira "es grande y no tenemos tranquilidad, porque no sabemos cuándo pueden atacar los grupos guerrilleros o venir a secuestrar a alguno de ellos y provocar hechos violentos en nuestros pueblos".
Para Arroyo, el problema radica en que los organismos nacionales e internacionales, exceptuando la Cruz Roja, no coordinan con las autoridades locales, ni municipales, "pero cuando hay problemas sí nos buscan".
La Iglesia Católica, señaló acongojado, "nos ignora totalmente en sus actividades con los desplazados, organizan capacitaciones sobre derechos humanos y de otra naturaleza y ni siquiera los dan a conocer en las comunidades".
"También debe evaluarse el problema de la deforestación dentro del parque y si en realidad se está dando a consecuencia de los desplazamientos, debe controlarse o poner pautas", adujo.
En ese sentido, la alcaldesa Leticia Loré, coincidió con los planteamientos de Arroyo y agregó que existen problemas de riñas, robos, constantes movilizaciones de los desplazados, entre otros problemas que no quiso profundizar.
"Muchos de los corregidores aplican la ley a los desplazados y posteriormente les llegan padrinos, viéndose éstos obligados a liberarlos", aseguró.
Por su parte, el director de la Organización Nacional de Apoyo a los Refugiados (ONPAR), José del Carmen Serracín, dijo desconocer lo señalado por estas autoridades, al tiempo que mencionó "soy del criterio que si un desplazado comete un delito debe ser sancionado como lo establecen las leyes panameñas. Deben cumplir las sanciones impuestas por los corregidores, ya sea administrativamente o en lo legal".
Aclaró que ONPAR no interviene en las decisiones legales, ni administrativas, "somos una entidad humanitaria para dar un apoyo y protección temporal".
Expresó que les corresponde contribuir con la alimentación, vivienda, educación, salud y ayudarlo a que desarrollen actividades de tipo agrícola, según lo establece el Decreto Ejecutivo No 23.
El funcionario agregó que en la actualidad hay 743 desplazados: 113 en Puerto Obaldía, 290 en Jaqué y 340 en la región del Tuira que comprende Darién centro y Punusa.
El Panamá América conoció que en los últimos meses ha aumentado la cifra de colombianos en las áreas de Manené, Barranquillita, Río Balsas y Punusa.
En la segunda entrega, desplazados narran a El Panamá América sus vivencias y el dolor de abandonar sus tierras en busca de mejores días, además de las cifras y registros de ONPAR a este respecto.
Primera de dos entregas.
