José Galloway, asesor del Movimiento Juventud Proyecto 2000 de Arraiján, adelantó las gestiones que se llevan a cabo con la demanda que interpusiera esta asociación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para exigir la derogación del contrato con la Compañía Recolectora de Desechos Sólidos (CREDESOL).
Se estima que este contrato que permite la concesión del servicio de recolección de la basura en el distrito de Arraiján, conlleva un periodo de 15 años.
Según Galloway, la agrupación está solicitando al contralor de la República, Alvin Weeden, que inicie una investigación exhaustiva sobre una serie de vicios ilegales detectados dentro del contrato que suscribieron el Municipio de Arraiján y la empresa CREDESOL.
Galloway reiteró que en la firma del contrato se ha cometido una especie de híbrido jurídico, en el que se convoca a los diferentes proponentes, sin embargo, el municipio opta por acogerse a la contratación directa.
El asesor reveló los supuestos vicios de ilegalidad cometidos en el acuerdo N° 64 de julio de 1999, donde la contratación directa del concesionario no fue promulgada en la forma establecida por el artículo 39 de la Ley 106 de 1973, que regula la institucionalidad municipal, por lo que se viola el principio de publicidad.
El abogado señaló que otros de los artículos quebrantados son los que establecen la fijación de la fianza indeterminada, en donde la empresa propone una cuantía de 100 mil balboas, pero la cantidad no es coordinada con la Contraloría General de la República.
El jurista recalcó que la relación contractual incumple también con la Ley General del Medio Ambiente, que taxativamente exige un estudio de impacto ambiental previo a la ejecución del contrato, pero hasta lo investigado y a su criterio sustentado en la demanda, desconoce de la existencia del estudio.
Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia se debe pronunciar en un fallo en derecho ordenando la suspensión del contrato entre el Municipio y la empresa CREDESOL, debido a la informalidad que se presta para ser ampliamente discutido por las vías legales.
