Otra promesa sin cumplir. Los útiles escolares que prometió un alto funcionario del gobierno a los trabajadores de la cerrada Finca Santa Ana nunca llegaron, ni siquiera la suspensión de la medida de desalojo de las 33 familias.
Carlos Justavino, alcalde de Alanje, explicó que el desalojo, solicitado por una entidad bancaria privada, se mantiene latente, y la orden de suspensión que se les prometió nunca llegó.
"Las cosas ya no pueden esperar, porque se trata de personas que no tienen trabajo y que no se les pagó las prestaciones laborales a los trabajadores cuando estas fincas cerraron operaciones", dijo.
Los trabajadores siguen esperando, y posiblemente hayan movimientos, en esta región, como consecuencia de la falta de respuesta a las peticiones de carácter social.
La finca estaba en un remate, que fue anunciado en su momento por un banco privado por un monto que alcanza B/.1 millón 53 mil y esta es la mayor preocupación de los residentes de este lugar, quienes solicitan al Gobierno la intervención para que se les pague su pasivo laboral, que la empresa aún les adeuda.
Divalá se quedó en promesas
Sigue latente orden de lanzamiento de unas 33 familias que viven en terrenos en poder de un banco.
